Nueva York, 22 nov (EFE) – La investigación abierta por los legisladores del estado de Nueva York sobre el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, iniciada a principios de año para un posible proceso de destitución, corrobora que acosó sexualmente a sus trabajadoras, entre otras conclusiones dadas a conocer públicamente este lunes.
Cuomo dimitió en agosto después de que la Fiscalía estatal publicara un informe en el que se aseguraba que acosó a once mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas, acuciado por la presión de sus compañeros de partido y la amenaza de un juicio político para el que estaba siendo investigado por la Asamblea estatal.
El informe de 63 páginas dado a conocer este lunes recoge esa pesquisa de la Asamblea, cuyo Comité Judicial contrató en marzo a una firma externa para ver si había suficientes pruebas para destituir al antiguo gobernador.
La investigación concluye que hay «pruebas aplastantes» de que Cuomo cometió «acoso sexual» en el trabajo, pero abunda además en otras críticas al exgobernador, como que utilizó recursos públicos para «escribir, publicar y promocionar» su libro sobre la gestión de la pandemia, y que «no fue completamente transparente» con el número de residentes de geriátricos que murieron por covid-19.
El informe se centró en las acusaciones de acoso sexual de una antigua empleada, Britanny Commisso, que lo denunció ante las autoridades, y en el de una integrante no identificada de su grupo de seguridad, sobre las que señala que «se ajustan a la definición de acoso sexual de acuerdo a la ley estatal de Nueva York».
Respecto a su libro, llamado «Lecciones de liderazgo de la pandemia de covid-19» y por el que recibió más de 5 millones de dólares, la investigación concluye que funcionarios estatales trabajaron en el proyecto de forma «no voluntaria» durante sus horas laborales, lo que restó tiempo dedicado a su deber en la gestión de la pandemia.
Asimismo se menciona que un funcionario de la cámara ejecutiva dirigida por Cuomo invirtió un «tiempo importante» en el libro y ejerció de «contacto clave» entre el exgobernador y su editorial, y es la misma persona involucrada en la publicación incompleta de datos sobre ancianos fallecidos por coronavirus, que generó polémica.
El exgobernador ordenó un informe para «combatir las críticas» por su decisión de permitir que los geriátricos aceptaran pacientes con coronavirus, y en lugar de citar una cifra de 10.000 fallecidos recogida en «borradores científicos», optó por otra de 6.500 que reflejaba estrictamente los muertos en las instalaciones y no fuera de ellas, por ejemplo en hospitales.
«Testigos han declarado que el mismo funcionario sénior de la cámara ejecutiva que fue el punto clave para el libro tomó la decisión de que solo se incluyeran las muertes en las instalaciones (de geriátricos) en el informe», indica el documento.
