San Juan, 27 may (EFE News) – La crisis de la pandemia podría aumentar la tasa de pobreza infantil de 58% a un 65% en cuatro meses si las ayudas gubernamentales no llegan, recrudeciendo la inseguridad económica y alimentaria de más de 240,000 personas en Puerto Rico.
La llegada de la pandemia del COVID-19 a Puerto Rico, es tal vez el desastre natural de mayor alcance que ha experimentado el país a lo largo de todas las crisis continuas que han trastocado su vida desde el 2017.
Así lo pone de relieve un estudio difundido este miércoles por el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) sobre «Los efectos del COVID-19 en la seguridad económica de la niñez y familias en Puerto Rico: Vulnerabilidades, proyecciones y recomendaciones».
A su vez, señala que el COVID-19 ha impactado severamente todos los sectores del país y a la población en general.
El estudio reflejó que entre las 244,000 personas que verían su situación recrudecida, se incluyen 43,000 niños en un periodo de tan sólo 4 meses si las ayudas federales y estatales no llegan a estas familias.
«La pandemia del COVID-19 llegó al país en un ambiente ya de por sí golpeado y vulnerable. Además de las vulnerabilidades las familias con niños que viven bajo el nivel de pobreza tienen unas características que en general las ubican en desventaja al enfrentar una crisis», destacó María Enchautegui, Directora de Investigación y Política Pública del IDJ.
«Estas características incluyen: bajos ingresos y niveles de empleo, participación alta en industrias cerradas, condiciones de salud, hogares monoparentales, y acceso limitado a la tecnología, entre otros factores», indicó.
Por su parte, Amanda Rivera, directora ejecutiva del IDJ resaltó que el estudio ofrece un escenario de las consecuencias que tendrá la pandemia en estas familias si no tienen acceso a recursos económicos de manera prioritaria, al igual que presenta recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia a corto y largo plazo.
Múltiples estudios realizados por el IDJ desde el 2017 han demostrado que las familias con niños que viven en la pobreza son las más afectadas por los desastres ocasionados por fenómenos naturales como mayor proporción con pérdidas materiales, inseguridad alimentaria e inestabilidad en múltiples dominios de desarrollo de los niños y jóvenes.
Según se desprende del estudio, las ayudas estatales y federales, pueden ayudar a reducir la pobreza de forma temporal, si las mismas no llegan a tiempo a las familias que las necesitan.
En el mismo, se incluyen simulaciones de los impactos del COVID-19 en la pobreza y cómo cambiaría con las ayudas esperadas, que se estiman entre $5,400 millones a $5,900 millones.
«Los efectos inmediatos del COVID-19 en la pobreza son enormes, pero se pueden reducir si las ayudas llegan a tiempo y si los trabajadores se pueden reinsertar en la economía en un período de cuatro a seis meses. De no ser así, los impactos en la pobreza serán mayores», dijo Enchautegui.
Por su parte, Rivera recalcó, que, aunque las ayudas federales puedan mejorar la condición socioeconómica de la niñez que vive en pobreza con estas ayudas, se hace imprescindible trabajar a largo plazo con la meta de erradicar la pobreza infantil y juvenil en Puerto Rico.
El estudio recomienda a corto plazo para superar la situación, políticas de fortalecimiento económico como promover el empleo y fortalecer la seguridad económica de las familias con niños por medio de diversas alternativas, así como políticas de Seguridad Alimentaria.
También cree necesario reducir la brecha digital como destinar recursos para viabilizar acceso a la internet que viabilice continuidad en la educación y capacitación y optimizar el funcionamiento gubernamental agilizando las ayudas que precisan las familias más necesitadas resulta urgente.
Las recomendaciones que hace el estudio a largo plazo buscan evitar que los niños recaigan en la pobreza y promueve el desarrollo económico como estrategia prioritaria.
En enero del 2020 un estudio demostraba que la pobreza infantil le cuesta a la economía de Puerto Rico $4,400 millones.
Por lo tanto, la pobreza infantil es un reto económico el cual podría agravarse con el impacto del COVID-19.
