Las deficiencias identificadas incluyen incumplimientos con normativas gubernamentales, errores en la gestión de contratos de servicios tecnológicos y profesionales, y fallos en los controles internos sobre desembolsos
San Juan, Puerto Rico – La Oficina del Inspector General (OIG) reveló que la Escuela de Artes Plásticas y Diseño (EAPD) ha incurrido nuevamente en irregularidades administrativas y legales en sus procesos de contratación, lo que ha resultado en costos cuestionados por un total de $1,280,653.50.
Las deficiencias identificadas incluyen incumplimientos con normativas gubernamentales, errores en la gestión de contratos de servicios tecnológicos y profesionales, y fallos en los controles internos sobre desembolsos.
El informe de la OIG destaca que la EAPD formalizó contratos de servicios tecnológicos sin cumplir con las regulaciones establecidas por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La falta de aprobaciones y de cláusulas requeridas resultó en costos cuestionados por $238,260.00, además de poner en riesgo la coordinación de la infraestructura tecnológica del Gobierno. Además, los contratos tecnológicos no incluyeron disposiciones esenciales, como la transferencia de derechos de propiedad intelectual al Gobierno.
En cuanto a los servicios profesionales, la investigación determinó que la EAPD otorgó contratos a proveedores sin certificación vigente en el Registro Único de Proveedores (RUP), incumpliendo con la normativa de la Administración de Servicios Generales (ASG). Estas irregularidades generaron costos cuestionados por $352,756.05, lo que podría derivar en la nulidad de los contratos y la obligación de reembolsar pagos indebidos.
Otro hallazgo relevante fue la contratación de empleados de la EAPD para realizar funciones similares a las de sus puestos regulares. Estas contrataciones violaron leyes y reglamentos que prohíben la doble compensación no autorizada y resultaron en costos cuestionados por $25,975.35. La OIG señaló que los reglamentos internos de la institución no han sido revisados en décadas, lo que ha contribuido a la falta de controles adecuados.
Además, la investigación evidenció que los contratos de servicios profesionales y consultivos formalizados por la EAPD carecían de cláusulas mandatorias para la protección de los intereses del Gobierno, lo que generó costos cuestionados por $663,662.10. También se identificaron deficiencias en la pre-intervención de desembolsos, incluyendo pagos procesados sin certificaciones requeridas y errores en las retenciones de Hacienda.
Dado que la OIG había identificado anteriormente fallas en los procesos de contratación en la EAPD, recomendó a la Junta de Directores evaluar el desempeño de la Rectora y establecer mecanismos de fiscalización más estrictos. Entre las medidas sugeridas están el cumplimiento con las normativas de PRITS y ASG, la actualización de los reglamentos internos y la implementación de controles para garantizar la legalidad de los contratos. También se instó a la institución a recuperar pagos indebidos y reforzar la supervisión sobre los procesos de contratación y desembolsos.
La OIG dará seguimiento a la implementación de las acciones correctivas, advirtiendo que, de no cumplirse con las mismas, podría iniciar un proceso adjudicativo para la imposición de sanciones y medidas disciplinarias.El informe completo está disponible en www.oig.pr.gov. Además, cualquier persona que tenga información sobre posibles irregularidades en el uso de fondos públicos o actos de corrupción puede comunicarse de manera confidencial con la OIG a través del teléfono (787) 679-7979, el correo electrónico informa@oig.pr.gov o en la página web www.oig.pr.gov/informa.
