Más de $7.8 millones en fondos federales cuestionados por ganancias excesivas del contratista principal
San Juan, Puerto Rico – La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) culminó un examen exhaustivo sobre la utilización de los fondos federales por la Administración de Vivienda Pública (AVP) para la implementación y administración del Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19, revelando posibles irregularidades significativas. El informe detalla que más de $7.8 millones en fondos fueron cuestionados debido a las ganancias excesivas obtenidas por el contratista principal encargado del programa.
El examen cubrió el período del 1 de julio de 2021 al 1 de marzo de 2024. Según el informe, desde julio de 2021, la AVP contrató a una compañía privada como Contratista Principal para gestionar el programa de asistencia de renta, financiado en su totalidad con fondos federales. Este contratista, a su vez, subcontrató a otras compañías para llevar a cabo los trabajos.
El Contratista Principal cobró entre un 36% y un 52% de margen de ganancia sobre el costo por hora del personal de uno de sus subcontratistas, resultando en ganancias de aproximadamente $7.8 millones en dos de los contratos evaluados. No se estableció en los contratos una disposición sobre el margen de ganancia para el contratista, lo que generó una cifra millonaria por encima del costo de los servicios pagados.
Además, el Área de Pre-Intervención y Exámenes de la OIG evaluó contratos, facturas, registros de horas trabajadas y otros documentos, determinando que la AVP no supervisó adecuadamente las funciones delegadas a sus contratistas y subcontratistas. Esta falta de supervisión permitió posibles errores y fraudes que no fueron gestionados de manera efectiva. En la revisión de 90 casos aprobados bajo el Programa de Asistencia para la Renta por COVID-19, se identificaron seis casos problemáticos, incluyendo posibles fraudes por un total de $85,904, de los cuales solo se han recuperado $15,050.
El análisis también reflejó la existencia de 878 casos de fraude confirmados, totalizando aproximadamente $2.75 millones, sin que se hayan realizado las gestiones correspondientes para la recuperación de fondos. La AVP respondió que «continúa trabajando activamente con los casos de fraude, ya que el Programa no ha culminado» y que el proceso de recuperación de fondos está en curso.
Otro hallazgo significativo fue que la AVP no devolvió un sobrante de $1,181,587.51 al Gobierno Federal, como estipulan los términos del award. En su lugar, los fondos fueron reembolsados al Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
Además, el informe reveló que la AVP incumplió las directrices del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) respecto a la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad. La AVP no ha desarrollado un plan de migración para trasladar la información del Programa a la infraestructura tecnológica gubernamental.
A raíz de estos hallazgos, la OIG emitió una serie de recomendaciones a la AVP para corregir estas deficiencias. Las medidas propuestas incluyen la revisión y corrección de los casos de fraude identificados, la devolución de fondos no utilizados al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la implementación de políticas más estrictas para asegurar la correcta administración de los fondos públicos en el futuro.
