Jonathan Ramírez-Colón, alias “Momia”, es señalado como reclutador de “mulas” en un esquema que llevó droga al territorio continental de EE.UU.
SAN JUAN, Puerto Rico – La Fiscalía Federal en Puerto Rico informó que un gran jurado federal emitió tres acusaciones separadas contra diecisiete individuos que, según las autoridades, conformaban redes de tráfico de cocaína a gran escala mediante el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan. Dos de los acusados también fueron imputados por conspirar para blanquear capitales provenientes de sus actividades criminales.
Las acusaciones describen una operación compleja que combinaba reclutadores, organizadores y transportistas conocidos como “mulas”, quienes se encargaban de trasladar maletas cargadas de cocaína en vuelos comerciales con destino al territorio continental de Estados Unidos, donde la droga sería entregada a otras personas para su distribución.
“Hoy, las agencias federales desmantelaron estas organizaciones arrestando a los líderes, organizadores y viajeros que hicieron posible su red de distribución”, destacó W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Modus operandi y acusaciones
La primera acusación, emitida el 26 de junio de 2025, involucra a Kristian Yadiel Falcón-López, Chazz David Carter-Justiniano y Natalia Díaz-García. De acuerdo con los documentos judiciales, desde al menos 2023, los acusados conspiraron “a sabiendas e intencionalmente” para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína a través del principal aeropuerto del archipiélago. Falcón-López y Carter-Justiniano también enfrentan cargos por conspirar para lavar dinero derivado de la venta de narcóticos.
La segunda acusación describe otra estructura que operaba desde, al menos, 2018. Jonathan Ramírez-Colón, alias “Momia”, presuntamente lideraba el grupo y se encargaba de reclutar y coordinar a mensajeros que transportaban la droga en maletas facturadas en los mostradores de aerolíneas. Junto a Ramírez-Colón, fueron imputados Ivelisse García-Osorio, Stephanie L. Suárez-Vélez, Francheska Muriel-Quintana, Estephanie Torres-Bosa, alias “Fany”, y Charitty M. Hernández-Reyes. La cocaína se trasladaba en vuelos comerciales hasta distintas ciudades de Estados Unidos, donde se entregaba a contactos para su distribución.
La tercera acusación, revelada este martes, imputa a Sandy L. Guardiola-Bermúdez, alias “Guny” o “Mario”, Carlos Alberto Cruz-Bonilla, alias “Huesito”, Onix Negrón-Guerrido, Jomar Maldonado-Ríos, Tanyshkaliz Archilla-Rivera, alias “Tany”, Yarauni Nieves-Rivera, Yairaliz Arzuaga-Díaz y Patricia Ayala-Otero. Según el expediente, este grupo coordinaba un esquema de transporte masivo de cocaína a través del aeropuerto, utilizando una red de reclutadores, coordinadores logísticos y transportistas. El objetivo era comercializar la droga al por mayor a cambio de beneficios económicos sustanciales.
Operativo conjunto y penas potenciales
Estas investigaciones fueron encabezadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, la Policía de Puerto Rico y los Equipos de Investigaciones y Tácticas Aeroportuarias (AirTAT). La Policía Municipal de San Juan, la Policía Municipal de Carolina y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico también colaboraron en las pesquisas y arrestos.
“Estas organizaciones creían que podían operar con impunidad desde Puerto Rico, pero hoy enfrentan la mano firme de la justicia”, afirmó Michael Miranda, agente especial a cargo de la División Caribeña de la DEA.
Los acusados enfrentan penas mínimas de diez años de prisión y máximas de cadena perpetua si son hallados culpables de conspiración de narcotráfico. Aquellos con cargos de lavado de dinero podrían recibir hasta veinte años de prisión. Un juez federal determinará las sentencias conforme a las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.
Estas acciones forman parte de la operación Take Back America, iniciativa que concentra recursos del Departamento de Justicia para desarticular organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de la violencia vinculada al narcotráfico.
Las acusaciones son, por el momento, meros señalamientos. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal federal.
