Washington (EFE) – Tres congresistas estadounidenses reintrodujeron este viernes un proyecto de ley para garantizar que los puertorriqueños tengan voz y lugar en las decisiones que se toman sobre sus esfuerzos de recuperación tras otro desastre natural.
La llamada Ley de Recuperación Impulsada por la Comunidad para Puerto Rico fue presentada por primera vez en diciembre de 2020, pero en aquella ocasión no llegó a ser tramitada ni sometida a votación.
Sus mismos impulsores, los congresistas demócratas Jesús «Chuy» García, Adriano Espaillat y Nydia Velázquez, la introdujeron de nuevo confiando en que esta vez salga adelante ante la situación que sigue atravesando Puerto Rico, azotado este mes por el huracán Fiona y que todavía no se ha recuperado de los daños provocados hace cinco años por el ciclón María.
«Los puertorriqueños saben mejor lo que Puerto Rico necesita. Son ciudadanos estadounidenses que necesitan una voz en el proceso de reconstrucción de sus propias comunidades. El esfuerzo de ayuda federal más fuerte será aquel en el que los puertorriqueños estén empoderados e incluidos en cada paso», señaló en un comunicado García.
Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y está considerado como un Estado Libre Asociado, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.
«Existen innumerables grupos y líderes en la isla que tienen la confianza y han creado relaciones duraderas con las comunidades locales y merecen ser parte del proceso de reconstrucción en cada paso del camino», añadió Velázquez.
La legislación promovida, según su nota, fortalece la transparencia y la supervisión local de los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico y facilita la participación local en la contratación y toma de decisiones.
Establece también un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de trece miembros elegidos de entre diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña, incluidos el Gobierno local, las comunidades, las fundaciones, las empresas, los trabajadores y el sector de la educación superior.
Con el objetivo de supervisar el trabajo de recuperación e impulsar la equidad y la inclusión, nombra además a un «representante del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil» dentro de cada agencia implicada en esa labor.
«Garantizar la participación local en la mesa donde se toman las decisiones sobre el socorro federal en casos de desastre garantiza que las comunidades afectadas tengan voz y ya no estén excluidas de las decisiones que las afectan directamente», concluyó el congresista Espaillat.
