Después de casi una década de control sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal intenta presentarse como observadora inocente de una crisis que ella misma diseñó
Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
El pasado 20 de octubre de 2025, la Junta de Control Fiscal (JSF) envió una carta dirigida a los principales responsables del sistema eléctrico de Puerto Rico: AEE, LUMA Energy, Genera PR, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la AAFAF.
En ella, su director ejecutivo, Robert Mujica, expresó una supuesta preocupación por la situación de liquidez del sistema energético y reclamó mayor cooperación y transparencia entre las partes para enfrentar la crisis.
La carta describe retrasos en pagos a suplidores, despidos de empleados, proyectos de restauración detenidos, demoras en los reembolsos federales de FEMA y Vivienda, y la falta de datos confiables de parte de la AEE, LUMA y Genera.
Según la Junta, la falta de información y la mala contabilidad dificultan la toma de decisiones y ponen en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Hasta aquí, parecería una intervención de buena fe, pero el problema radica en el tono y la hipocresía de la misiva. Mujica escribe como si la Junta fuera una espectadora ajena a este desastre, cuando la realidad es que ha sido su arquitecta principal.
Después de nueve años de tutela directa sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, no puede alegar sorpresa ni desconocimiento. Si hoy existen deficiencias contables, opacidad financiera y caos operativo, es precisamente porque la Junta ha gobernado la AEE con mano de hierro y ha impuesto sus decisiones sobre presupuestos, contratos, privatizaciones y estructura corporativa.
La carta pretende convertir en un hallazgo lo que es consecuencia directa de su propio diseño institucional. Fue la Junta quien impulsó la división de la AEE en tres entidades corporativas —HoldCo, GridCo y GenCo—, cada una con incentivos económicos distintos y con relaciones contractuales incompatibles. Desde que LUMA asumió el control en 2020, bajo la aprobación y supervisión de la propia Junta, el sistema eléctrico ha sufrido un deterioro sostenido en servicio, transparencia y estabilidad fiscal. Pretender ahora que la Junta no tiene información suficiente o que necesita que los operadores «cooperen» es un ejercicio de cinismo administrativo.
Peor aún, la carta omite datos cruciales que surgen de los informes que la propia LUMA ha presentado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico. Según esos documentos, las cuentas por cobrar del sistema eléctrico ascienden a unos 1,300 millones de dólares. Eso significa que LUMA no está cumpliendo con su función esencial de cobrar las facturas y mantener el flujo de efectivo de la corporación.
A pesar de ello, la Junta guarda silencio sobre ese fracaso operativo y prefiere presentarlo como un problema de datos incompletos. Además, LUMA es la encargada de gestionar los reembolsos de FEMA, y tampoco ha cumplido con esa responsabilidad, lo que agrava el problema de liquidez que la propia carta denuncia.
Tampoco menciona la Junta los gastos extravagantes y derroches documentados de las privatizadoras. Entre ellos, los 200 millones de dólares anuales en nómina de empleados extranjeros, consultores y ejecutivos, mientras se despiden trabajadores locales y se atrasan los pagos a suplidores.
La Junta tampoco aborda los informes que denuncian prácticas de gasto alegre, viajes innecesarios, sobrepagos en contratos y desviaciones de fondos públicos. Esa omisión no es casualidad: la Junta se hace ciega y mira hacia otro lado frente a la corrupción estructural que ha generado el modelo privatizador que ella misma impuso.
La ironía mayor es que la propia Junta se queja de la falta de cooperación entre las entidades que ella misma creó. Dividió un sistema público unificado en tres corporaciones con intereses cruzados, dependientes de reembolsos federales lentos y sin un mecanismo coherente de tesorería compartida.
El resultado era previsible: fricciones, atrasos, opacidad y una crisis de liquidez estructural. Si el modelo está fracasando, no es por la falta de datos, sino por la falta de visión y responsabilidad de quienes lo impusieron.
Esta carta no es un llamado a la acción. Es una confesión involuntaria. La Junta de Control Fiscal no puede fingir demencia ni lavarse las manos ante el colapso eléctrico de Puerto Rico.
Fue su política, su diseño y su supervisión los que nos trajeron aquí. Si hay una crisis de liquidez, también hay una crisis de gobernanza. Y esa, sin lugar a dudas, es responsabilidad directa de la Junta y de la privatización que nos impuso junto a sus cómplices del bipartidismo.
