Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (23 de junio de 2021) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) condicionó la puesta en vigor de la ley 80, que permite la jubilación de una parte de los empleados públicos con una pensión equivalente al 50 % del salario, a que el gobierno acepte las directrices que establezca el organismo federal y que pretenden enmendar el estatuto para limitar su alcance, reducir los empleados elegibles, eliminar beneficios y garantizar ahorros.
Las condiciones de la JSF estarían desglosadas en un acuerdo denominado “determinación final” que el gobierno debería firmar y que impediría a las agencias, corporaciones públicas y los municipios llenar las plazas abandonadas por los empleados que se acojan al retiro.
De hecho, el retiro estaría disponible para los empleados esenciales y no esenciales, pero las dependencias no podrán reclutar nuevos empleados para llenar las plazas de los empleados esenciales que se jubilen.
La “determinación final” también contendría una polémica condición a modo de “píldora venenosa”, que obligaría al gobierno a garantizar el pago puntual al programa de pensiones PayGo de parte de los municipios por medio de un descuento que deberá ejecutar el Centro de Recaudaciones Municipales de los ahorros que genere la Ley 80 enmendada.
Incluso, la JSF sostiene que el descuento para el pago de PayGo se deberá realizar aún si no se logran los ahorros proyectados y advierte que tal condición tiene el objetivo de imponer en los municipios la responsabilidad de lograr los ahorros y no solo en el gobierno.
El acuerdo también prohibiría al gobierno implementar leyes que violen el acuerdo, pero si la Legislatura avalara una ley contraria a lo estipulado, el gobierno se compromete a no impugnar en el tribunal federal las acciones legales que tome la JSF para anular esos estatutos.
Según el acuerdo, los nuevos alistamientos serán aquellos detallados en el plan fiscal certificado y las personas que se acojan al retiro no podrían ser reclutados. Además, las agencias, corporaciones públicas y los municipios deberán eliminar todas las plazas que ocupaban los empleados que se acogieron al retiro, certificar que puede operar sin esas plazas y que los ahorros de nómina y del programa PayGo logrados serán iguales o superiores a los ahorros que requieren el plan fiscal.
De acuerdo con una misiva enviada el pasado 22 de junio al director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoramiento Financiero, Omar Marrero, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reiteró que el organismo federal no consentirá la implementación de la Ley 80 a menos que el gobierno presente un programa que no represente nuevos costos al plan fiscal y que garantice los servicios esenciales.
Jaresko también sostiene que el análisis del gobierno demuestra que, de implementarse la ley 80, en el primer año su costo ascendería a $200 millones y que los ahorros serían parciales. También menciona que no se podrá incurrir en costos para cubrir puestos de empleados esenciales, más allá ya de los que están previstos en el plan fiscal y establece que se eliminará la aportación de $100 para el plan médico a los empleados que accedan al retiro y que sean mayores de 62 años.
Otro aspecto de la carta de Jaresko es que señala errores en el citado análisis del gobierno. Entre estos errores menciona que el análisis del gobierno reconoció ahorros en 11 agencias y corporaciones públicas pero la JSF indicó que su análisis identificó ahorros en solo ocho dependencias. Sostuvo que en esas ocho dependencias hay 1,808 empleados elegibles para el retiro, lo que supera los 1,761 empleados identificados en el análisis del gobierno.
También señala que 40 municipios lograrían ahorros bajo la Ley 80 y no 16 municipios como había concluido el análisis del gobierno. Además, los trabajadores elegibles ascienden a 1,482 y no los 378 señalados por el análisis del gobierno.
Finalmente, la carta de 4 páginas indica que Jaresko tiene interés en sostener una reunión con Marrero “para que podamos puede discutir estos hallazgos y llegar a un acuerdo, si es posible. Nos acercaremos en breve con posibles fechas y horas para dicha reunión”.
No obstante, la directora ejecutiva de la JSF deja saber nuevamente al final que “para evitar duda, la Junta de Supervisión no da su consentimiento para la implementación de la Ley 80”. Copia de la misiva fue enviada al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes de los cuerpos legislativos
