El organismo reitera su compromiso con PROMESA mientras crece la incertidumbre sobre su futura composición
SAN JUAN, Puerto Rico — La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico confirmó este lunes que el presidente Donald Trump destituyó a cinco de sus siete integrantes, en una decisión que ha reavivado el debate sobre la independencia del ente creado bajo la ley PROMESA y sus implicaciones para el rumbo fiscal de la isla.
A través de un escueto comunicado emitido el 5 de agosto, la Junta informó que había sido notificada por la Casa Blanca sobre la remoción de Arthur J. González, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas. Los únicos miembros que permanecen en funciones son Andrew G. Biggs y John E. Nixon, ambos identificados con el Partido Republicano.
“La Junta de Supervisión continuará trabajando para cumplir con el mandato de PROMESA y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, expresó el organismo en su declaración oficial.
La medida del presidente Trump se produce en medio de tensiones entre la Casa Blanca y sectores de la Junta, cuya composición original fue nombrada durante la administración de Barack Obama. Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato, justificó la decisión afirmando que la Junta “ha sido operada de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros actuales durante un periodo prolongado” y que es momento de “restaurar el liderazgo con sentido común”. También se criticó el alto costo de la Junta frente a los ingresos promedio de los hogares puertorriqueños.
La legalidad de los despidos aún genera interrogantes, ya que PROMESA establece que los miembros de la Junta solo pueden ser removidos por “justa causa”, una disposición que podría provocar impugnaciones legales o escrutinio congresional.
Mientras tanto, persisten los retos fiscales y estructurales que enfrenta Puerto Rico, incluyendo la fragilidad del sistema eléctrico, la emigración constante y la necesidad de reformas en áreas clave como la educación, el trabajo y la energía. Aunque se han logrado avances significativos en la estabilidad financiera, la permanencia de la Junta sigue sujeta a que el gobierno local logre aprobar y mantener cuatro presupuestos balanceados consecutivos sin intervención externa.
El futuro inmediato de la Junta dependerá de quiénes sean los nuevos nombramientos presidenciales y cómo reaccionen el Congreso y los sectores políticos de la isla ante esta intervención ejecutiva.
