Resolución establece violaciones a leyes y reglamentos en suelos rústicos especialmente protegidos
Adjuntas, Puerto Rico. La Junta de Planificación (JP) confirmó que la Cantera Adjuntas expandió ilegalmente su operación hacia terrenos clasificados como suelos rústicos especialmente protegidos ecológicos, según consta en una Notificación de hallazgo y Orden de mostrar causa emitida el 24 de febrero por el supervisor del Negociado de Querellas, Lemuel Rivera Rivera.
La determinación surge tras una querella presentada el 25 de agosto de 2025 contra el dueño de la cantera, Rafael Vélez Andújar. Posteriormente, el 2 de septiembre, el inspector Omar Maldonado Battistini realizó una inspección ocular en la que documentó dos hallazgos principales: la ausencia de una consulta de ubicación para la reapertura de la cantera en el catastro autorizado y la falta de permisos requeridos para expandir la operación hacia los catastros 266-000-009-22, 266-000-009-18 y 266-000-009-56.
De acuerdo con el documento oficial, Vélez Andújar ha estado operando fuera de la parcela 266-000-009-17-000, que es la única autorizada para ese uso. Los terrenos impactados adicionalmente son considerados de alto valor ecológico.
“Luego de evaluada la relación de hechos y los estatutos aplicables, se determina que la parte querellada ha violentado las disposiciones del Art. 9.12 de la Ley 161-2009, la Regla 1.6.7, la Regla 2.1.9 y la Regla 6.1.14 del Reglamento Conjunto 2023”, establece la resolución de la JP.
Según un análisis realizado en octubre pasado por el geógrafo y especialista en geoinformática Víctor Cuadrado, la Cantera Adjuntas ocupa actualmente 23 cuerdas de terreno, de las cuales aproximadamente cinco corresponden a la finca con permiso y el resto se encuentran fuera del deslinde autorizado. Esto representaría una expansión de alrededor de 78 % en áreas previamente boscosas.
El director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, sostuvo que la determinación valida las denuncias comunitarias. “La resolución emitida por la Junta de Planificación valida de forma contundente los reclamos que la comunidad ha levantado por años”, afirmó.
Massol Deyá recordó que previamente se había denunciado una ordenanza municipal que buscaba legalizar la expansión hacia fincas rústicas especialmente protegidas y que posteriormente fue revertida. También señaló que el inspector Maldonado Battistini emitió una orden de cese y desista el 14 de octubre de 2025, la cual, según indicó, debe hacerse cumplir.
La controversia ha escalado más allá del ámbito administrativo. En diciembre pasado, la jueza Nadja Banuchi Ramos encontró causa probable contra Vélez Andújar por tentativa de asesinato, daño agravado, amenaza y daños en relación con incidentes vinculados al conflicto comunitario. La vista preliminar está pautada para el 10 de marzo a las 9:00 a.m. en el Tribunal de Utuado.
Por su parte, residentes de la comunidad, con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, presentaron un recurso de injunction para detener la operación de la cantera. No obstante, según indicaron, el proceso no ha avanzado debido a dificultades para emplazar al dueño.
El portavoz comunitario Juan Carlos Negrón Miró afirmó que la decisión de la JP representa un avance, aunque no el cierre del conflicto. Mientras, Massol Deyá reiteró que la defensa del territorio continuará ante lo que describió como una operación que impacta adversamente la seguridad, las fuentes de agua y el entorno natural del área.
