Espacios Abiertos advierte que congelar el EITC habría empujado a 7,475 personas adicionales bajo el nivel de pobreza
SAN JUAN, Puerto Rico – La Junta de Supervisión Fiscal rectificó su postura sobre el ajuste por inflación del crédito por trabajo para el año contributivo 2025 y ahora lo clasificó como “aprobado con observaciones”, luego de haberlo rechazado inicialmente, según informó Espacios Abiertos en un comunicado .
La Junta reconoció que su decisión previa se tomó sin considerar información relevante sobre el acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que rige las transferencias federales del programa, así como la Ley 141 de 2021 que regula su manejo en Puerto Rico. También admitió que negar el ajuste por inflación podía afectar el marco de financiamiento del crédito.
Espacios Abiertos calificó el cambio como una noticia importante para cientos de miles de familias trabajadoras. La organización señaló que congelar el ajuste no era un detalle técnico, sino un recorte real que reducía el poder adquisitivo del beneficio y debilitaba su objetivo de incentivar el trabajo formal y reducir la pobreza laboral.
El 3 de febrero, la entidad publicó el informe titulado “La denegación del ajuste por inflación del crédito por trabajo en Puerto Rico y sus efectos en la pobreza”, en el que advirtió que impedir el ajuste, estimado en $72 millones, habría provocado que alrededor de 7,475 personas adicionales permanecieran por debajo del umbral de pobreza federal.
Según los datos citados, en el año contributivo 2024 el crédito promedio fue de $1,974 y 734,619 familias lo reclamaron, lo que equivale a casi seis de cada diez hogares que radicaron planillas. Espacios Abiertos sostuvo que estas cifras evidencian que el crédito por trabajo es un componente central del ingreso de hogares de ingresos bajos y medianos.
La organización reiteró que proteger e indexar el crédito por trabajo es esencial para evitar que el aumento en el costo de vida se convierta en un recorte automático del beneficio y defendió que la discusión fiscal debe realizarse con datos, métricas de impacto social y evaluaciones económicas más allá del costo bruto del programa.
