San Juan (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control al Gobierno de Puerto Rico impuesta por Washington, cumple este fin de semana tres años de difícil convivencia con el Ejecutivo en los que ha tratado de enderezar las cuentas públicas de la isla.
La entidad de control al Ejecutivo de San Juan nació cuando Congreso y Gobierno de Estados Unidos entendieron que Puerto Rico, que durante décadas había sacado adelante sus cuentas públicas emitiendo deuda, iba a ser incapaz de cumplir con sus acreedores, lo que amenazaba con litigios judiciales de consecuencias impredecibles.
El entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconocía en junio de 2015 que la deuda de la isla era impagable y que era hora de sacar a este Estado Libre Asociado a EE.UU. de la «espiral mortal» en la que están envueltas sus finanzas públicas.
Tras años de gastar por encima de sus posibilidades y de emitir deuda para cuadrar sus presupuestos anuales, los mercados ya no estaban dispuestos a comprar más títulos del Estado Libre Asociado ante la sospecha de que el Gobierno de Puerto Rico sería incapaz de cumplir con sus compromisos con los acreedores.
El 30 de junio de 2016 el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó para convertir en ley el proyecto conocido por su acrónimo de Promesa en el que el Congreso federal trabajó meses para rescatar a la isla, sin liquidez para pagar la deuda.
La ley daba un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores puedan demandarlo y a cambio establecía la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal que controlaría la actividad gubernamental y las finanzas públicas.
La situación que desencadenó el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal tiene su origen en principios de agosto de 2015, cuando el Estado Libre Asociado no saldó $94 millones a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en sus siglas en inglés), lo que se considera el primer impago de su historia.
La Junta está formada por siete miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos y un miembro por el gobernador de Puerto Rico.
Algunos senadores como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, excandidato a la Casa Blanca, calificaron en su momento esa ley como colonial e intervencionista.
La aprobación de Promesa tiene también su razón por Puerto Rico no poder acogerse a la Ley de Quiebras estadounidense, ya que dicha norma no considera a la isla como un estado más de la nación norteamericana, y la Justicia federal encontrar inconstitucional una medida que el Gobierno local aprobó para establecer su propio mecanismo de bancarrota.
La convivencia entre Junta de Supervisión Fiscal y Ejecutivo puertorriqueño fue soportable durante el mandato de Alejandro García Padilla, pero a partir de enero de 2017 con la llegada de Ricardo Rosselló como jefe del Ejecutivo la relación comenzó una espiral de deterioró que duró hasta su dimisión, anunciada el 25 de julio pasado para hacerse efectiva el 2 de agosto.
Rosselló se quejó en innumerables ocasiones de que la Junta de Supervisión Fiscal trataba de imponer la política pública del Gobierno, algo que no refleja la Ley Promesa.
El enfrentamiento vivió su último episodio el pasado mes de julio, cuando la Junta de Supervisión pidió al jueza federal Laura Taylor Swain responsable del proceso de quiebra que se anularan 40 resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura puertorriqueña.
La salida del Gobierno de Rosselló y su sustitución por Wanda Vázquez trajo una relación más cordial entre las partes.
El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, anunció hace pocos días una nueva etapa entre Ejecutivo y entidad de control que facilitará el fin de esa entidad en Puerto Rico una vez se enderece el asunto de la deuda y el Gobierno entre en la senda de presupuestos equilibrados entre recaudación y gastos.
