San Juan, 28 de septiembre de 2021 (EFE) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) accedió a la petición de la Asamblea Legislativa de aumentar hasta $2,000 el límite de ingresos para que se aplique el recorte a las pensiones de los empleados públicos.
El nuevo límite para que las pensiones se vean afectadas fue dado a conocer este lunes a través de un comunicado del ente creado por la Ley Promesa.
«La Junta de Supervisión y los líderes electos de Puerto Rico, el presidente del Senado, José Luis Dalmau; el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, y el gobernador, Pedro Pierluisi, han estado trabajando para que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirme el Plan de Ajuste para reestructurar la deuda del Estado Libre Asociado hasta niveles sostenibles», precisa el comunicado.
Indica que tras extensas discusiones con los líderes electos, la JSF está dispuesta a aceptar el aumento del umbral de $1,500 mensuales a $2,000 para los retirados exentos de toda reducción de beneficios.
El comunicado matiza que este nuevo umbral eximirá de cualquier reducción de beneficios a unos 139,000 retirados, es decir, al 84 % de los retirados del Gobierno.
La Junta, continúa el comunicado, también está dispuesta a apoyar el restablecimiento de cualquier reducción de beneficios de pensión en caso de que Puerto Rico reciba fondos federales de Medicaid en exceso de las cantidades proyectadas en el Plan Fiscal Certificado de 2021, y si dichos fondos generan suficientes ahorros en el presupuesto del Fondo General del Gobierno que permitan el restablecimiento de la reducción de beneficios.
Además, el ente fiscal está dispuesto a acordar que los municipios compartan los beneficios resultantes de la reducción del servicio de la deuda, siempre que el Gobierno obtenga y mantenga una financiación adecuada del servicio sanitario de Medicaid.
La JSF propone incluir financiación adicional al fondo de equiparación municipal existente, que se distribuirá de acuerdo con los parámetros existentes del CRIM.
Por último, la Junta manifestó estar de acuerdo con estas propuestas si la Legislatura adopta la legislación necesaria para el Plan de Ajuste y si el gobernador firma dicha legislación.
