San Juan, 23 feb (EFE News) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de Puerto Rico anunció este martes el acuerdo alcanzado de reestructuración de deuda con ciertos poseedores de bono, que según la JSF es un «gran avance» para lograr un Plan de Ajuste para resolver $35,000 millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas con la deuda y que, de acuerdo al gobernador, Pedro Pierluisi, no será apoyado por el ejecutivo.
Los términos del acuerdo reflejan las negociaciones con los acreedores incluidos en el acuerdo de reestructuración que la JSF había alcanzado el año pasado, producto de meses de mediaciones supervisadas por los tribunales y luego del análisis del efecto acumulativo de la pandemia de la covid-19, la recesión en curso, y una serie de desastres naturales que han azotado a Puerto Rico y su economía en los últimos años, dijo en un comunicado la JSF.
El acuerdo con bonistas de Obligación General (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) prevé reducir $18,800 millones de la deuda del Estado Libre Asociado en poder de los poseedores de bono de OG y AEP en un 61%, a $7,400 millones.
A su vez, reduce el total de pagos del servicio de la deuda en un 62%, de $90,400 millones en el marco de los acuerdos de deuda contractual originales previos a PROMESA a $34,100 millones bajo el nuevo acuerdo (incluidos el principal y los intereses de los bonos de COFINA).
También provee a los bonistas de OG y AEP $7,400 millones en bonos y $7,000 millones en efectivo, lo que quita el peso de una deuda insostenible a futuras generaciones.
Por otro lado, incluye un Instrumento de Valoración Contingente (CVI, en inglés) que brinda un valor incremental a los bonistas de OG y AEP solo si la economía de Puerto Rico se crece más de lo proyectado en el Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico en 2020.
«Logramos un acuerdo justo, sostenible y consensuado que pone a Puerto Rico en un camino hacia la recuperación y es una herramienta importante para levantar el peso de la bancarrota de las personas y los negocios de Puerto Rico», dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.
«Creo firmemente que este es el mejor acuerdo que pudimos alcanzar considerando la incertidumbre económica actual, no solo para el pueblo de Puerto Rico, sino también para los acreedores que tienen interés en la viabilidad y solvencia de Puerto Rico a largo plazo», remarcó.
El presidente de la JSF agregó que este nuevo acuerdo «coloca a Puerto Rico en una posición fiscal significativamente mejor cuando se compara con los términos que pudimos negociar previo a la grave pandemia, y cuando se compara con otros estados de la Nación con altos niveles de deuda».
«El Plan de Ajuste que esperamos presentar el próximo mes se basa -en parte- en este acuerdo con los acreedores, junto con los acuerdos ya alcanzados con el Comité Oficial de Retirados (COR) y con ciertos sindicatos, así como el resultado de una mediación que continúa con otros grupos de acreedores. El Plan garantizará que Puerto Rico resuelva la insolvencia de una vez y por todas. Ese es el objetivo que se fijó la Junta de Supervisión: una vez y ya. Tenemos la intención de lograrlo», manifestó Skeel.
El acuerdo reduce los pagos máximos anuales del servicio de la deuda a $1,150 millones para bonos de interés actual, en comparación con los pagos de hasta $4,200 millones sin la reestructuración.
El servicio de la deuda anual en el acuerdo previo a la pandemia fue de unos $1,500 millones, mientras que el nuevo acuerdo liberaría más de 300 millones adicionales al año para los servicios que ofrece el gobierno.
Es decir, los pagos anuales suman a $34,100 millones a lo largo de la vida de la deuda bajo el nuevo acuerdo, una reducción de 62% en comparación a los $90,400 millones que Puerto Rico tendría que pagar bajo los acuerdos de deuda contractual originales previo a PROMESA.
Sin PROMESA, 30 centavos de cada dólar de los impuestos y honorarios que el gobierno cobra al pueblo de Puerto Rico irían a los acreedores.
Este nuevo acuerdo reduce aún más los pagos anuales a menos de 8 centavos de cada dólar de lo que el gobierno recauda.
«La reducción en los pagos anuales correspondientes al servicio de la deuda es un logro significativo en el camino hacia recuperación de Puerto Rico», dijo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
«Junto con la política de deuda legislada el año pasado, que restringe la emisión de deuda incremental para evitar los errores del pasado, este acuerdo establece niveles de deuda sostenibles, le permite a Puerto Rico enfocarse en reformas estructurales y crecimiento, al tiempo que tiene la capacidad presupuestaria para proveer los servicios que las personas necesitan y merecen. Todo esto encamina a Puerto Rico hacia un acceso renovado a los mercados», agregó Jaresko.
De igual modo, en el nuevo acuerdo, la consideración de efectivo/deuda a los bonistas provee una reducción promedio del 27% para los poseedores de bonos de OG y una reducción promedio del 21% para los de bonos de AEP, además de reducir sus reclamos por el equivalente a muchos años de pagos de intereses.
Los miembros de la Junta de Supervisión aprobaron el nuevo acuerdo por unanimidad.
Los poseedores de más de $7,000 millones de bonos apoyan el acuerdo, incluidos los inversionistas municipales tradicionales y las aseguradoras (monolines) Assured Guaranty Corp., Syncora Guarantee, Inc. y National Public Finance Guarantee Corp.
La mediación continúa con los tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados, reclamos generales no asegurados, las aseguradoras de bonos (monolines) con reclamos de recuperación, y los acreedores que tienen otras reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico.
En otro comunicado, el gobernador dijo que está «convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno».
El acuerdo, por ejemplo, representa una reducción en la deuda total de Puerto Rico de casi 80% y reduce el servicio total a la deuda en aproximadamente 62%.
«Culminar el proceso de restructuración de la deuda de Puerto Rico es una prioridad de mi administración. Dejar atrás la quiebra del gobierno es un paso fundamental para la recuperación y para el desarrollo económico de Puerto Rico. Con ello acabará la incertidumbre que representa este proceso, así como los gastos de reestructuración que ha tenido que incurrir el Gobierno», afirmó.
Sin embargo, el Plan de Ajuste «no debe afectar aún más a nuestros pensionados, por lo que, aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre JSF y el Grupo de Acreedores, el Gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA anunciado hoy. Estoy seguro de que el Tribunal presidido por la Jueza federal Laura Taylor Swain puede aprobar un Plan de Ajuste que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal».
En este sentido, recordó que el Gobierno fue enfático en que cualquier PSA a ser implementado mediante un Plan de Ajuste que incluya un recorte a las pensiones de los servidores públicos «no contará con nuestro apoyo. Lamentablemente, la JSF aún no ha abandonado los recortes de pensiones incluidos en el Plan de Ajuste de febrero del 2020. Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico le ha comunicado a la JSF y al Grupo de Acreedores que no será parte del PSA anunciado hoy».
