Decisión de jueza federal en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez es calificada como un duro golpe para niños de diversidad funcional; familias no recibieron justicia
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – Otro golpe para los niños de educación especial y sus familias. La jueza federal Laura Taylor Swain falló a favor de la Junta de Control Fiscal en el pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, que durante 44 años ha buscado garantizar servicios de educación especial para los niños de diversidad funcional.
La jueza autorizó la liquidación de las reclamaciones por daños en este histórico caso para poner fin a los litigios, pero, según trascendió, lo que realmente permitió fue una oferta económica que las familias consideran una falta de respeto.
De los $25,000 que se iban a ofrecer por familia para que desistieran de demandar al Estado por no proveer los servicios que por ley deben recibir sus hijos, la cantidad se redujo a menos de $5,100 debido a un ajuste del 20.4%.
«Expresamos nuestra indignación. Esto es injusto», sostuvo en expresiones escritas Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del pleito de clase de educación especial.
Después de 44 años desde el inicio del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, las familias siguen esperando que el gobierno les haga justicia económica por los daños sufridos, pero no han logrado nada. Consideran que tanto el gobierno actual como la Junta de Control Fiscal les han dado la espalda a los niños de educación especial.
«El componente político de Puerto Rico —la gobernadora Jennifer González, el secretario de la Gobernación, Francisco Doménech, y los presidentes del Senado y la Cámara, Thomas Rivera Schatz y José ‘Johnny’ Méndez— no tomaron acción ante nuestra petición de atender la proposición de la Junta de Supervisión Fiscal sobre la injusta indemnización a los demandantes del pleito de clase Rosa Lydia Vélez», manifestaron en una declaración escrita.
«Le pedimos al pueblo que se manifieste y apoye nuestro reclamo de justicia para la comunidad y las familias en torno a la indemnización por los daños causados», añadieron los miembros del Comité Timón.
Explicaron que la jueza Taylor Swain declaró Ha Lugar el aviso de propuesta transaccional preparado por la Junta de Supervisión Fiscal, lo que significa que dicha entidad notificará a todas las personas reclamantes la propuesta de transacción por la cantidad de $25,000 por familia. Sin embargo, esta cantidad se reducirá a $5,100 debido al ajuste del 20.4%, y se enviará el formulario para aceptar o rechazar la propuesta. Por esta razón, los padres expresan su indignación.
Según se explicó anteriormente, la Junta de Control Fiscal propone un pago de $25,000 por hogar, sin importar cuántos miembros de la familia sean reclamantes ni la magnitud de los daños sufridos. Bajo la ley de Puerto Rico, cada reclamante individual podría tener derecho a compensaciones de hasta $75,000 por persona y $150,000 por incidente, lo que demuestra que la cantidad ofrecida es significativamente menor a lo que los demandantes podrían recibir si sus casos fueran evaluados de manera justa.
Además, señalaron que esta cantidad se verá reducida aún más por el plan de ajuste de la deuda, que actualmente propone pagar aproximadamente el 20.4% del total de la oferta inicial de $25,000. Esto significa que, al final, cada familia solo recibiría $5,100.
Warren explicó que el caso no termina aquí, ya que no se logró un acuerdo para modificar la transacción. Aclaró que los reclamantes tienen hasta 110 días para considerar la oferta.
El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial y la Alianza de Autismo de Puerto Rico han denunciado que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno «pretenden liberarse de su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a miles de niños, niñas y sus familias en el caso más trascendental sobre la violación de derechos humanos tras décadas de continuo abuso y privación del derecho a la educación».
