El uso de inteligencia artificial en sistemas de vigilancia del gobierno de Puerto Rico, sin controles ni legislación adecuada, pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos
Es un experto en el desarrollo de sistemas de software y un profesional en el análisis de política pública. Su enfoque investigativo en la política pública es la innovación ciudadana con relación a tecnología en el Gobierno de Puerto Rico.
Luego del comienzo de las hostilidades de la guerra de los Estados Unidos contra Irán, una de las noticias más impactantes fue el bombardeo de una escuela de niñas iraníes por el ejército estadounidense.
Varios medios del país han expuesto que el bombardeo fue producto de una selección de blanco automático hecho con armamento dirigido por inteligencia artificial (IA). Frente a la rendición alegre de herramientas de destrucción ante la inteligencia artificial, ¿qué esperanza tiene nuestra privacidad?
El panorama de la privacidad ciudadana es tétrico frente a la falta de muros de contención legales para tener protecciones básicas en nuestro día a día. En esta columna hablaremos sobre cómo la IA puede afectar nuestra privacidad, como ya nos está afectando en Puerto Rico y qué necesitamos para protegernos.
Como si no existieran suficientes libros y películas advirtiendo sobre los peligros producto de la corrida libre de la IA, estamos viendo que en Puerto Rico ya hay una adopción desenfrenada de esta herramienta en todos los niveles gubernamentales.
Desde el empleado que la utiliza para resumir un documento, hasta el programador que la usa para automatizar su proceso de trabajo completo, la realidad es que no hay vuelta atrás. A pesar de que en el gobierno de Puerto Rico la tecnología está ampliamente regulada, hay veces que no se cumple con los pocos controles de la IA que existen.
El Municipio de San Juan, en acuerdo colaborativo con el Departamento de Seguridad Pública (DSP), conectó sus cámaras de vigilancia pública a la aplicación de seguridad GENETEC, que tiene inteligencia artificial integrada. En ninguna parte del acuerdo se establece cómo se almacenarán los datos obtenidos de las cámaras y qué puede hacer el suplidor de la aplicación con ellos.
Este vacío le da una oportunidad para utilizar esos datos para revenderlos y crear otros productos, todo a expensas de la privacidad de los ciudadanos que no reciben algo a cambio. Según reportó El Vocero el 19 de mayo de 2026, un informe de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) reveló varias fallas relacionadas al acceso a los sistemas de control de este sistema compartido de cámaras y al acceso a los datos almacenados.
Esto significa que las caras, los hábitos y los patrones de movimiento de los sanjuaneros estaban expuestos a personal no autorizado debido a estas fallas de política y de control reales, tanto del DSP como del Municipio.
Esto significa que la OIG constató y pudo identificar que en el DSP no tienen manera de controlar efectivamente quién puede acceder a sus sistemas de vigilancia y para los propósitos para los cuales lo usan. Esto abre la puerta a los peores vicios de abuso de poder posibles, apoyados por un sistema tecnológico, si no hay un control efectivo.
Adicionalmente, según la cadena noticiosa WAPA, el 11 de marzo de 2026 se reportó el arresto de dos jóvenes que intentaban robarse un auto en los predios del Coliseo Hiram Bithorn, lo cual pudo detectarse a través de vigilancia aérea con drones.
Sin atribuirle culpa o inocencia a los jóvenes, la Ley Núm. 68 de 2021, conocida como la «Ley para Limitar el Uso de Imágenes Captadas por los Sistemas Aéreos No Tripulados», establece, entre otras cosas, que permite el uso de drones para situaciones de emergencia o seguridad cuando el riesgo es inminente, y no para detectar actividad criminal ordinaria.
En otras palabras, el Municipio de San Juan ya ha utilizado la vigilancia tecnológica fuera de los usos permitidos por la ley.
La tecnología empleada en la seguridad ciudadana debe tener límites claros, usos específicos y protecciones reales ya programadas dentro de la tecnología. Necesitamos política pública que haga respetar nuestra privacidad.
Se necesita nueva legislación para controlar cómo la IA interactúa con la información ciudadana en manos del gobierno, con límites explícitos cuando se relacione con datos de salud, y penas severas cuando se violen estas garantías básicas. Más allá de esto, hay que poner la política pública en acción en el mundo real y ejercerla a través de la tecnología en el mundo cibernético.
Necesitamos saber que nuestros detalles más íntimos no serán utilizados para crear y vendernos nuevos productos. Necesitamos saber que no estamos a la merced del próximo quincallero tecnológico vendiéndole al gobierno la misma tecnología vieja con un sello falso de IA para cobrarnos extra. Necesitamos saber que nuestra privacidad no está al servicio del clientelismo político pedestre de Puerto Rico.
