Jenniffer González objetó el PS 683 sobre cargos a furgones y el PS 711 sobre órdenes de protección por riesgo extremo al concluir que no atienden el marco jurídico vigente
SAN JUAN (EFE) – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, vetó este viernes otras dos medidas del Senado por estas no considerar estados jurídicos presentes, tras hacer lo mismo con tres proyectos la víspera.
Una de las medidas vetadas es el Proyecto del Senado 683, que pretendía enmendar la Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria con el fin de prohibir expresamente la imposición de cargos o contribuciones relacionados con la entrada de furgones a la jurisdicción de Puerto Rico.
En agosto de 2025, el Gobierno de Puerto Rico descontinuó el programa de escaneo de furgones establecido al amparo de dicha ley, tras determinarse que no cumplía con los objetivos de seguridad ni de fiscalización contributiva que originalmente motivaron su implementación.
Asimismo, un análisis del Superintendente de la Policía de Puerto Rico concluyó que dicho programa no constituye un requisito bajo la ley federal y que las funciones de inspección de carga internacional continúan siendo atendidas por las autoridades federales competentes.
Según Fortaleza, el PS 683 no atiende adecuadamente la realidad jurídica y fiscal que rodea la descontinuación del programa. Actualmente, este asunto se está litigando y queda pendiente de adjudicación ante el tribunal federal.
La eliminación legislativa del cargo que históricamente ha financiado dicho programa, sin considerar el desenlace de este litigio, podría tener el efecto de obligar al Gobierno a asumir potenciales costos sin contar con una fuente de ingresos para sufragarlos.
Por ello, considera prudente evaluar una revisión legislativa más abarcadora o incluso derogar dicha ley en su totalidad, en lugar de adoptar una solución parcial que no atiende el problema estructural de fondo.
En cuanto al otro proyecto vetado, el PS 711, este buscaba enmendar la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 a fin de establecer las solicitudes de órdenes de protección por riesgo extremo y prohibir temporalmente que una persona compre, posea o porte armas de fuego y municiones cuando ello represente un peligro significativo para sí misma o para otros.
El Artículo 2.13 de la Ley de Armas ya faculta a los agentes del orden público a ocupar armas sin orden judicial; en las mismas circunstancias que contempla el PS 711.
Además, el proyecto parte del supuesto de que los actos de violencia y los suicidios son cometidos por personas con licencia de armas, sin que del trámite legislativo surja evidencia empírica que sustente tal premisa. En consecuencia, la medida no atiende la violencia perpetrada por quienes no poseen licencia.
Fortaleza argumentó que el PS 711 permitiría la incautación de armas mediante una orden de protección por el ejercicio de un derecho fundamental que hoy solo se sanciona administrativamente.
Finalmente, el proyecto no establece términos claros, breves y obligatorios para impugnar órdenes de protección emitidas ex parte, ni para la devolución de armas y municiones cuando no proceda la protección.
Ayer, la gobernadora vetó otras tres medidas del Senado por estas no contemplar o atender su impacto fiscal o por ser contradictorias a objetivos de la administración.
