La medida buscaba obligar a entidades exentas del Gobierno a publicar en sus portales las compras realizadas con fondos públicos
SAN JUAN (EFE)
La gobernadora Jenniffer González anunció este martes que vetó un proyecto ordenaba a todas las entidades exentas del Gobierno de Puerto Rico a publicar en sus respectivos portales cibernéticos las compras realizadas con fondos del erario, entre otros.
Según se explicó en un comunicado, González rechazó convertir en ley el Proyecto de la Cámara 593, que pretendía establecer la ‘Ley de Transparencia en las Compras Gubernamentales de Puerto Rico’.
A pesar del veto, en la nota se destaca que se reconoce el valor de promover un mayor acceso ciudadano a la información relacionada con el uso de fondos públicos y el interés de continuar fortaleciendo la confianza de la gente en las instituciones gubernamentales.
No obstante, la medida, según aprobada, presenta serias limitaciones técnicas, operacionales y fiscales, se aseguró en el comunicado.
Además, según un análisis del Puerto Rico Innovation & Technology Services, durante el proceso legislativo refleja que la medida impone obligaciones tecnológicas complejas sin establecer un mecanismo claro de implementación, interoperabilidad o integración entre los distintos sistemas financieros y plataformas de compras actualmente utilizados por las entidades exentas impactadas.
De igual forma, la medida no toma en consideración que el Gobierno se encuentra actualmente en proceso de implementación e integración del sistema Enterprise Resource Planning, iniciativa dirigida precisamente a centralizar los sistemas fiscales, financieros y de compras del Gobierno.
Por otra parte, la gobernadora firmó cinco medidas, dos de su autoría, entre ellas, el Proyecto de Administración 76.
La medida crea la «Ley para la Reorganización de las Subsidiarias y Afiliadas del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico».
Su propósito es completar la reorganización legal, corporativa y administrativa del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), a la luz de la creación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
Igualmente, transfiere a la AAFAF de las funciones de asesoría financiera y agencia fiscal que antes ejercía el BGF, la reestructuración de la deuda del BGF y el cierre operacional de dicha entidad conforme al Plan Fiscal como parte de la recuperación fiscal de Puerto Rico.
La medida parte de la realidad institucional de que el BGF continúa existiendo para atender ciertas obligaciones y responsabilidades limitadas, pero ya no opera como una entidad plenamente funcional del Gobierno.
El proyecto dispone también la disolución de varias entidades inactivas que fueron subsidiarias o afiliadas del BGF, tales como la Autoridad de las Navieras y la Autoridad de Teléfonos.
El proyecto, a su vez, modifica la Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para establecer que dicha Autoridad es una corporación pública independiente y separada del BGF y de cualquier otra entidad gubernamental.
También modifica la composición de su Junta de Directores para sustituir la participación de funcionarios o miembros vinculados al BGF por la participación del secretario de la Vivienda y del director ejecutivo de AAFAF, ambos como miembros exoficio, con facultad de designar representantes con capacidad, conocimiento y autoridad decisional.
