Durante su mensaje de Estado, Jenniffer González defendió su presupuesto de $33,570 millones, reiteró su intención de sacar a Puerto Rico de la Junta Fiscal y destacó medidas en salud, educación, manufactura y turismo
SAN JUAN (EFE)
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró este jueves que destinará fondos para mejorar la atención médica, el pago a profesionales de la salud, así como para contribuir a los servicios educativos para personas con diversidad funcional en el archipiélago caribeño.
«Los médicos se nos están yendo, tenemos que empezar a pagarles mejor. Por eso estamos incluyendo estos recursos aquí para que no perdamos esta gran oportunidad», dijo González, durante su segundo mensaje de situación de Estado desde el Capitolio (sede del Legislativo) de San Juan.
La mandataria anunció que pretende evitar la fuga de profesionales de la salud destinando una cuantía del nuevo presupuesto consolidado de 33.570 millones de dólares y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), destinará $5.8 millones para mejorar escalas salariales de enfermería en el Centro Cardiovascular y para robustecer el reclutamiento de médicos.
Por otro lado, González hizo hincapié en que uno de sus objetivos principales es mejorar la educación en Puerto Rico porque es «clave» y para ello, el Departamento de Educación incrementó la cantidad de escuelas especializadas en ciencias y tecnología, instituciones educativas bilingües y se otorgarán fondos para estudiantes con diversidad funcional.
«Vamos a buscar los recursos para que a partir de este presupuesto del 1 de julio, SER de Puerto Rico (una organización sin ánimo lucro) tenga una asignación recurrente de un millón de dólares que ayude a desarrollar las terapias, los recursos de nuestros niños con condiciones especiales», subrayó la gobernadora.
Asimismo, la mandataria reiteró su disposición a poner fin a la presencia de la JSF en el archipiélago, algo que ya mencionó en su discurso del año pasado y dijo: «Puerto Rico está listo para gestionar sus finanzas».
La JSF fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública de la isla y supervisar sus finanzas públicas.
De los más de $33,000 millones del presupuesto aprobado, $44 millones serán para aumentar los sueldos a los miembros de la Policía, $20 millones para aumentos a oficiales correccionales en centros penitenciarios y $27 millones para Medicaid.
Respecto a promover la economía del archipiélago, González afirmó que busca que la «ruta de manufactura» se expanda por todos los rincones de Puerto Rico, concretamente en el área oeste.
Turismo
Entre aplausos de los miembros de su Gobierno y legisladores de su Partido Nuevo Progresista (PNP), resaltó el alza de turistas que experimentó Puerto Rico en 2025 cuando se registraron más de siete millones de visitantes.
En este contexto, la gobernadora mencionó que Puerto Rico será Socio Principal de FITUR 2027, que representará «un impacto de más de $90 millones».
Durante el discurso, un grupo reducido de personas se concentraron frente a un imponente cordón policial en la entrada al Capitolio para protestar en contra de la gestión gubernamental por la aprobación de leyes que fomentan la inversión extranjera, entre otras medidas.
«Protestar por la falta de acción gubernamental para atender los reclamos del pueblo trabajador y la política de favorecer a los contratistas y empresarios por encima de las necesidades y reclamos del pueblo», denunció Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).
Por su parte, José Rodríguez Vélez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS), dijo que los trabajadores «sufren el alto costo de vida y el desmantelamiento de sus derechos mediante el PC 1115» y con la firma de la Ley 82, la gobernadora «le entregó nuestras costas y riquezas naturales a los inversionistas».
La Ley 82 de 2026 limita las impugnaciones judiciales de permisos de construcción en Puerto Rico y exige una fianza mínima del 10% del valor del proyecto propuesto a cualquier persona o comunidad que solicite su paralización en los tribunales, una legislación rechazada por gran parte de los ciudadanos.
Sobre el Proyecto de la Cámara 1115 (PC 1115), más de 20 sindicatos y organizaciones se opusieron a esta medida porque eliminaría la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo y congelaría futuras revisiones salariales.
