San Juan, 18 jun (EFE) – La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vazquez, ofreció este jueves su mensaje sobre la Situación de Estado y Presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2020-2021, en el que anunció que pese a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) habrá bono de navidad, defendió las pensiones, criticó el «abuso» de las aseguradoras y el incremento del presupuesto de varias agencias.
Vázquez, quien habló desde el Centro de Bellas Artes de San Juan en vez de la Cámara de Representantes que es lo habitual, también dedicó una buena parte de su discurso, que no presenció la oposición, a la educación, la salud y desarrollo económico en la isla.
PRESUPUESTO DE $10,000 MILLONES
La mandataria presentó un presupuesto de $10,214 millones, y un presupuesto consolidado por $28,234 millones.
El presupuesto destina $6,288 millones para las operaciones gubernamentales, lo que representa una reducción de $145 millones en comparación con el presupuesto anterior y además ha prometido $1,000 a los graduados.
Pero, advirtió, que su prioridad será el pago de las pensiones -«me reafirmo que los defenderé», dijo- a la vez que garantizó que se abonará el bono de navidad.
«Hoy me reitero que no cambiaré mi postura, les adelanto que identificaremos los ahorros para que los trabajadores públicos reciban su bono de Navidad», aclaró.
En lo que a Educación se refiere reflejó una asignación adicional de $176 millones y se otorga la permanencia a 1,732 trabajadores provisionales de la educación, además de que se comenzó «un proceso de justicia laboral» para otorgar las primeras 400 permanencias a los asistentes de servicios de educación especial.
Sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR), la joya en materia educativa de la isla y que se teme pudiera entrar en quiebra, explicó que ha solicitado que no se lleve a cabo el aumento de la matrícula y cuotas programadas para este año y una partida de 55 millones para cubrir los daños causada por la pandemia del coronavirus.
AUMENTO DE PRESUPUESTO DE SANIDAD
Respecto a la Sanidad se aumenta el presupuesto en $314 millones y criticó a las aseguradoras de las que acusó de abusar.
«No hay razón para que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que nuestros queridos viejitos tengan que suplicarle a una compañía aseguradora para que les autorice sus medicamentos y tratamientos clínicos. Esto es inaceptable», sostuvo la gobernadora.
«Los tiempos en que los médicos tengan que esperar meses para pagarles una factura, se acabaron. El tiempo de hospitalización lo determina el médico, no la aseguradora. El medicamento del paciente lo determina el médico, no la aseguradora», subrayó.
Los tratamientos y los estudios para diferentes condiciones «las determina el médico, no la aseguradora. Los médicos graduados no deben esperar meses para estar en una lista de proveedores. Si queremos retener a nuestros profesionales de la salud, médicos, tecnólogos, enfermeras y que nuestra gente reciba los mejores servicios», dijo.
Por último, recordó que en mayo se recibieron $2,200 millones por parte del gobierno federal bajo la iniciativa del CARES ACT que, sumado a fondos estatales, se han desembolsado $3,100 millones de ayuda desde abril hasta la actualidad.
