Brasilia (EFE) – La Procuraduría General de Brasil pidió este miércoles condenar a prisión al primero de los acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo por el «grave atentado contra la democracia» ocurrido el pasado 8 de enero.
El viceprocurador Carlos Frederico Santos sostuvo en la primera audiencia del juicio sobre esos hechos que se trató de un movimiento «totalitario» que «intentó derrocar al Gobierno legítimo» de Luiz Inácio Lula da Silva, «con el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones» de 2022, alimentado por «mentiras» de la ultraderecha.
Santos afirmó que ese movimiento fue «exacerbado» por «noticias falsas» y «sin prueba alguna» sobre ese presunto fraude, diseminadas en redes sociales por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha derrotado en las urnas por el progresista Lula.
El representante de la Procuraduría también pidió una sanción pecuniaria de 100 millones de reales ($20 millones), aunque aclaró que ese valor deberá ser distribuido entre todos los que resulten condenados.
En la primera audiencia, el Supremo juzga a Aécio Lúcio Costa Pereira, en prisión desde el mismo 8 de enero, detenido en medio de los desmanes y el primero de los cuatro acusados que el tribunal sienta en el banquillo desde este miércoles y también la primera de las 1,390 personas que responde penalmente por esa asonada.
«Desde el 30 de octubre de 2022», inmediatamente después de que se anunció el resultado de las elecciones, «hubo una nítida y muy preocupante escalada» de violencia, con protestas bolsonaristas a las puertas de los cuarteles del Ejército que exigían un golpe y bloqueos «antidemocráticos» en carreteras del país, relató Santos.
Todo eso, según el viceprocurador, tenía como intención llegar a «consolidar un régimen de excepción», con acciones que tuvieron como corolario el asalto a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el propio Supremo, lanzado ocho días después de la investidura «constitucional y legítima» de Lula.
En el caso del primer acusado, afirmó que la materialidad de su participación en esos hechos quedó «plenamente comprobada» mediante diversas imágenes obtenidas en las cámaras de los edificios públicos atacados, así como en vídeos y mensajes que el propio Costa Pereira publicó en sus redes sociales ese mismo 8 de enero.
Las 1,390 personas que responderán penalmente por los sucesos de enero han sido acusadas de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público, que pudieran suponer hasta 30 años de cárcel.
La responsabilidad de cada uno de esos acusados será determinada individualmente y en igual número de juicios, que han comenzado este miércoles con el caso de Costa Pereira y otros tres acusados, que son los primeros llevados a juicio por la asonada.
