San Juan, 14 feb (EFE) – La asignación de dos fiscales especiales para investigar la posible comisión de delito por parte de seis integrantes del polémico chat que contribuyó a la caída del exgobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló provocó un enfrentamiento institucional y dudas sobre el resultado de la investigación.
Medios locales y analistas evalúan este viernes el anuncio de la entidad estatal Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) de asignar dos de sus funcionarios para investigar las actuaciones de Rosselló y otros 5 participantes en el chat, cuya revelación el pasado verano dio lugar a una crisis política sin precedentes.
Las 889 páginas publicadas del controvertido chat incluían burlas, insultos machistas, homofóbicos y crudos comentarios sobre diferentes asuntos de interés público, que provocaron protestas en las calles durante semanas que provocaron, finalmente, en el umbral de la medianoche del 24 de julio, la dimisión de Rosselló.
Los fiscales especiales Miguel Colón y Leticia Pabón analizarán las posibles actuaciones ilegales del exgobernador Ricardo Rosselló, Christian Sobrino (exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal), Alfonso Orona (exasesor), Ramón Rosario (exsecretario de Asuntos Públicos), Edwin Miranda (presidente de la agencia de publicidad KOI) y Elías Sánchez (exasesor).
A pesar de que el PFEI determinó asignar a esos dos fiscales, la entidad denunció deficiencias en la investigación inicial a cargo del Departamento de Justicia.
Según el PFEI, el Departamento de Justicia les remitió 37 cajas de documentos, pero estas solo incluían cinco declaraciones juradas y solo en algunas se mencionaron comisiones de delito por parte de todos los participantes del chat.
«Hay ausencia de prueba que apoye una mera recomendación de nombramiento de FEI -fiscal independiente- en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos FEI», señaló en un comunicado el PFEI.
Subraya que para algunos de los delitos que el Departamento de Justicia hace mención no se ha provisto, conforme a derecho, una mínima prueba que justifique su recomendación de nombramiento de fiscal independiente.
El comunicado indica que por ello se excluyó investigar al exsecretario de Estado, Luis Rivera; al extitular de Hacienda, Raúl Maldonado; al exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, además de los contratistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame.
El documento del PFEI supuso hoy una contundente respuesta por parte de la secretaria de Justicia, Dennise Longo, quien dijo que la denuncia de deficiencias emitida por el PFEI sobre el informe responde a que los fiscales no entendieron las conclusiones del mismo.
Longo aclara que el análisis del Departamento de Justicia atiende no solo a lo dicho o compartido en el chat, sino a una evaluación criminal de lo que la conducta evidencia.
«La mera participación en el chat no establece los delitos considerados, el chat lo que hace es que corrobora la relación entre los participantes de los delitos identificados. Esa conducta fue corroborada mediante las entrevistas y la evidencia levantada por el Departamento de Justicia», asegura Longo.
Matiza además que aparentemente el PFEI se limitó en su análisis de 14 días laborables a examinar las declaraciones juradas, o prueba directa, para tomar sus determinaciones.
Mientas, aclara, «nuestra evaluación del derecho, en contrario, se basó en un examen exhaustivo y profundo de las declaraciones juradas a la luz de las más de 15 entrevistas realizadas, los documentos requeridos y la prueba electrónica recabada en la investigación».
Longo destaca que la extensa prueba recopilada corrobora las declaraciones juradas y revela la conducta más allá de participar en el chat que constituye causa suficiente para creer que se ha cometido delito.
«Las expresiones del PFEI que mancillan la gestión que han hecho nuestros fiscales y agentes investigadores en este caso son injustas, improcedentes e innecesarias para su limitada responsabilidad de determinar el alcance de la investigación que debería realizar un fiscal especial independiente», concluye.
La lista de delitos que podrían haber cometido los implicados en el chat incluye incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber, amenaza, infracciones a las Ley de Ética Gubernamental, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, intervención en operaciones gubernamentales e influencia indebida, entre otros.
