Negligencia, privatización y falta de vigilancia agravan el riesgo en uno de los patrimonios naturales y culturales más emblemáticos de Arecibo
Por Alegna Malavé
Portavoz de Murciélagos Beach Defenders
Desde Murciélagos Beach Defenders denunciamos con profunda indignación la pérdida de dos vidas a causa de la irresponsabilidad de las agencias públicas en el manejo de las zonas costeras de Puerto Rico. El pasado lunes 9 de febrero, tres personas subieron a las eolianitas de la Cueva del Indio, con olas rompiendo violentamente sobre las rocas. Este no es un incidente aislado. Ya son tres muertes en dos meses en las playas privatizadas de Arecibo. Estas muertes son la consecuencia directa de años de negligencia, privatización irresponsable y permisividad gubernamental.
La empresa González Freyre National Properties controla el único acceso seguro al área de la cueva y cobra la entrada al público para acceder a la servidumbre de vigilancia, que son los 6 metros de arena seca, y a la zona de salvamento, que por ley son 20 metros y deben permanecer disponibles en todo momento.
El privado encerró la playa e incita al pueblo a entrar a la cueva por las piedras, arriesgando sus vidas y, peor aún, insiste en desaparecer la rotulación comunitaria de advertencia, violando todos los protocolos de seguridad.
El área es de alto riesgo, pero muy hermosa. Sus enormes eolianitas, fuertes vientos y grandes olas guardan los murales de arte ancestral boricua y, por eso, es visitada por cientos de personas a diario. Es promocionada por la Compañía de Turismo y el Puerto Rico Destination Management Organization.
Por muchos años hemos visto personas deambular sin orientación por el área y, conociendo la necesidad de manejo de riesgos del lugar, formamos la organización ambiental y colocamos rótulos informativos en toda la extensión de la Reserva Natural y frente a la entrada de la boca de la cueva, pero son arrancados por el privatizador, que no quiere ninguna rotulación en la zona que indique que es un lugar cultural y sagrado, pues en antaño se conocía como Tumba de los Indios y, por eso, debe ser visitado con mucho respeto y cuidado.
Llevamos años exigiendo manejo responsable del área: como mínimo, que se asigne un oficial de manejo y se hagan rondas por los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), señalización adecuada y, como es de esperarse en eventos de marejadas, coordinación interagencial para advertir sobre los riesgos a turistas y visitantes atraídos por el mayor atractivo turístico de Arecibo. Sabemos que el privatizador de la cueva le niega el acceso regular al cuerpo de vigilantes, permitiendo su entrada únicamente cuando hay personas heridas o ahogadas.
La Reserva no tiene oficial asignado porque el acceso está privatizado y el tribunal ordenó oficializar un acceso seguro, pero no se cumple con la orden.
Por otro lado, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Destination Management Organization continúan promocionando el lugar como atractivo turístico sin advertencias de los riesgos del área y conociendo la tradición de accidentes graves, ahogamientos y muertes en las playas de Islote. Se invierten millones en mercadeo de las playas, pero no se asigna nada para el personal de vigilancia y conservación. Se promueve la imagen; se ignora el riesgo. La vida humana no puede ser un daño colateral del mercadeo.
Exigimos:
- Acceso irrestricto e inmediato al DRNA para establecer vigilancia permanente.
- Rotulación oficial visible y resistente que advierta sobre riesgos de marejadas y rescates previos.
- Asignación de presencia permanente de la Policía Municipal de Arecibo en coordinación con manejo de emergencias.
- Investigación administrativa sobre la obstrucción de funciones públicas en un área de alto valor ecológico y arqueológico.
La Cueva del Indio no es un parque temático privado. Es patrimonio natural y cultural del pueblo puertorriqueño. Su manejo no puede estar subordinado al lucro sin responsabilidad.
Convocamos a la ciudadanía a documentar, denunciar y exigir rendición de cuentas. La seguridad pública y la protección ambiental no son opcionales. Son obligaciones del Estado.
No podemos normalizar muertes y rescates caóticos en medio de la noche como parte del modelo de negocio.
La vida vale más que el estacionamiento.
