Los nuevos cargos en la luz exponen el fracaso de la privatización energética en Puerto Rico
Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
Desde el 1 de septiembre de 2025, entraron en vigor dos cargos nuevos en la factura de la energía eléctrica: un “ajuste provisional” para costear operaciones de LUMA y Genera, y un cargo para pagar las pensiones de los retirados de la AEE. Aunque no ha sido una sorpresa, el aumento en el costo ha creado conmoción en el pueblo de Puerto Rico y augura problemas económicos adicionales para la AEE, y para las familias y negocios puertorriqueños.
Ambos cargos se cobran por kilovatio hora. El de pensiones ronda 1.9 ¢/kWh y el ajuste provisional, cerca de 1.5 ¢/kWh. Para un hogar de consumo alto, eso son decenas de dólares extra; para un comercio, cientos. Es el síntoma más visible de una cadena de errores que tienen nombre y apellido: la Junta de Supervisión Fiscal y sus promotores del bipartidismo local.
Voy al origen. La ley PROMESA exige que los planes fiscales “provean financiamiento adecuado para los sistemas de retiro”. Esa obligación está escrita con toda claridad en el Título II. Aun así, desde 2017 lo advertimos, y en 2018 se lo reiteramos cara a cara a la entonces directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko: sin aportar lo que correspondía, el sistema de retiro de la AEE colapsaría. La Junta hizo caso omiso.
Hoy, el pago de pensiones “pay-as-you-go” se transfiere al abonado vía la tarifa de energía. Eso no es culpa de los pensionados ni de UTIER; es un craso incumplimiento de la ley por parte de la Junta y una irresponsabilidad de la clase política bipartita que se cruzó de brazos ante la inminencia del desastre.
El Negociado de Energía, ante el vacío creado por la Junta, terminó imponiendo un cargo para cubrir pensiones y otro “provisional” para mantener operando a los privatizadores. Es un parche, no una solución. Y es un parche que sangra a un país cansado de pagar caro por un servicio eléctrico inestable.
También lo dijimos desde el día uno: la privatización encarece el costo de la energía porque su razón de ser es generar ganancias a los accionistas de las privatizadoras. Los contratos de privatización crearon un ecosistema de transacciones entre partes relacionadas y acuerdos “entre casa” propensos a rentas y conflictos de interés. Desde que se dio a conocer el contrato de LUMA, el Centro para una Nueva Economía (“CNE”) lo confirmó: la estructura que amarra GridCo, GenCo y LUMA abre las puertas a “related-party transactions” y oportunidades de “rent-seeking”. Es decir, que las mismas empresas que administran la red y la generación pueden contratarse a sí mismas o a sus afiliadas, facturarse servicios, inflar costos y repartirse beneficios a espaldas del consumidor. ¿Sorpresa? Ninguna.
Esa arquitectura se convirtió en negocio antes que en servicio. Mientras el país paga, el operador maneja presupuestos, compartidos y reembolsos de FEMA con márgenes de maniobra para obtener ganancias adicionales. CNE pidió un escrutinio estricto de estas transacciones precisamente por el riesgo de rentas ocultas y malversación. Ese llamado sigue vigente y totalmente desoído.
¿Y la eficiencia? Recientemente, LUMA admitió ante el Negociado de Energía que no iba a cumplir con las promesas de eficiencias económicas que iban a bajar la factura. En cuanto al servicio, los propios comunicados de LUMA y Genera muestran que la duración de las interrupciones subió en los últimos 12 meses y que proyectos críticos quedaron sin financiamiento apropiado. Privatizar no arregló la red; le agregó capas de costos administrativos y conflictos, sin los resultados prometidos.
Mientras tanto, la discusión de la deuda de los bonistas sigue colgando de un hilo. A inicios de año, la Junta dijo que no subiría las tarifas para pagar bonos; en agosto esta postura colapsó con los despidos de los miembros de la Junta. Esa incertidumbre, y el balance nuevo de poder, anuncian más aumentos futuros—el famoso “cargo legado” o cualquier nombre que inventen—con el nuevo tablero político inclinado a favor de los acreedores.
Encima, los atrasos en pagos y la morosidad crecen porque la gente no puede pagar su factura. Los clientes deben actualmente más de $1,300 millones. El déficit operacional de LUMA es de más de $500 millones. La respuesta de la política pública, en vez de atacar la raíz—financiamiento de pensiones como manda la ley, planificación seria, control de costos y fin de los incentivos privados perversos—ha sido pasar el costo al consumidor. No hay economía que resista un servicio esencial que se cobra como lujo.
¿A dónde conduce todo esto? A una espiral de muerte del sistema eléctrico. Significa que cada aumento en la tarifa hace que más familias y negocios no puedan pagar la luz y busquen alternativas, como instalar placas solares o reducir drásticamente su consumo. Al irse esos clientes, la AEE y las privatizadoras reciben menos ingresos, lo que obliga a subir aún más la tarifa para cubrir sus costos fijos. Ese nuevo aumento expulsa todavía a más clientes, y el círculo se repite sin parar.
En poco tiempo, solo los que no tienen recursos para moverse a renovables quedan atrapados pagando las tarifas más altas. El economista Ramón Cao lo advirtió esta semana: con los aumentos actuales, esa espiral no es una hipótesis, es un escenario muy probable. En palabras sencillas, es como una bola de nieve que rueda cuesta abajo: cada vuelta es más grande y más destructiva, hasta que el sistema colapsa.
Algunos dirán que “no hay de otra”. Falso. La “otra” era cumplir PROMESA donde obliga: financiar el sistema de retiro a tiempo; reestructurar con realismo y sin convertir la tarifa en cajero automático de bonistas y contratistas; y mantener la operación en una autoridad pública reconstituida, despolitizada, autónoma, profesional y democrática, con controles férreos contra la corrupción y la captura. Eso sí abarata y mejora el servicio de energía.
Por eso sostengo, sin rodeos: la responsable principal del desastre energético es la Junta de Supervisión Fiscal, por omitir su deber con las pensiones y por forzar una privatización costosa e ineficiente. Cómplices son los gobiernos rojos y azules que allanaron el camino, aplaudieron los contratos y miraron hacia otro lado cuando fallaron. El pueblo paga, los accionistas cobran, y la luz sigue parpadeando.
¿Qué toca ahora?
Romper de raíz con la fórmula que nos trajo a este desastre. Eso significa cancelar los contratos que han convertido la electricidad en un negocio privado, y devolver la administración del sistema a un modelo público que responda al interés colectivo.
Hay que eliminar los incentivos que hoy favorecen ganancias privadas a costa del pueblo y garantizar que la ley se cumpla donde más importa: en proteger las pensiones y derechos de los trabajadores que construyeron y mantuvieron la red por décadas. De lo contrario, seguiremos tirando dinero bueno detrás del malo sin obtener resultados.
