San Juan, Puerto Rico (EFE) – La corrupción y la pobre gobernanza han costado a la economía puertorriqueña unos $7,400 millones durante las pasadas dos décadas, según un estudio presentado este martes por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR).
La investigación «El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico», realizada por el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la PUCPR, indica que este impacto representa un promedio de $527 millones anuales.
Los investigadores realizaron un ejercicio estadístico para estudiar la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña.
Según el director del Observatorio, Hernán Vera, el objetivo del estudio es «aportar información concreta, desde un punto de vista académico y despolitizado, para crear políticas públicas que beneficien a todos los puertorriqueños».
En general, la evidencia estadística sugiere que si Puerto Rico hubiera logrado estabilidad en la calidad de su gobernanza durante las primeras dos décadas del siglo XXI, la depresión económica que inició en 2006 pudiera haber sido menos profunda.
Según Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, «los indicadores de gobernanza en Puerto Rico han disminuido significativamente desde mediados de la década del 2000, coincidiendo con la depresión económica que inició en 2006».
Además, específicamente, los renglones de voz y rendición de cuentas y control de la corrupción fueron las variables de gobernanza que mostraron tener el mayor impacto en la economía.
En el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña un promedio de $1,289 millones anuales, afirmó Fuentes Ramírez, que también es investigador asociado del Observatorio.
Por su parte, Julio C. Quintana Díaz, del Centro de Apoyo Estadístico de la PUCPR, subrayó que, además de la apropiación de fondos públicos, la corrupción gubernamental incluye muchas otras formas de lograr beneficios privados, como establecer procesos de compra y contratación de servicios en el Gobierno donde se favorecen a amigos, familiares, socios comerciales o donantes.
«Desde una perspectiva económica, un gobierno corrupto erosiona la confianza, lo que podría motivar a personas y empresas a preferir vivir e invertir en otro lugar», agregó.
Quintana Díaz señaló que «la pérdida de fondos públicos, ya sea por robo o por pagar más de lo debido por un servicio, implica menos fondos disponibles para invertir en salud, educación y desarrollo».
Según los investigadores, es crucial establecer y fortalecer una buena gobernanza en las instituciones públicas, particularmente en áreas como la efectividad gubernamental y la voz y rendimiento de cuentas.
Apuntaron, además, que para rescatar las instituciones públicas deben aislarse de «la influencia corrosiva del partidismo y de la captura del gobierno por parte de élites e intereses privados».
Entre las herramientas más fuertes para evitar la corrupción y la pobre gobernanza destacaron el sistema de mérito para ocupar posiciones de alto nivel, la transparencia en la información pública y el proceso de toma de decisiones, una participación ciudadana abarcadora y el establecimiento de mejores prácticas de administración y política pública.
