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La comunidad trans en Puerto Rico resiste ante la ofensiva de la administración Trump

José E. Maldonado Marrero Por José E. Maldonado Marrero
2 de febrero de 2025
En PRIDE SOCIETY
Tiempo de leer:9 mins de lectura
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Ivana Fred hace un llamado a la unidad y la resistencia ante las nuevas políticas que amenazan los derechos de las personas trans en Puerto Rico.

Ivana Fred hace un llamado a la unidad y la resistencia ante las nuevas políticas que amenazan los derechos de las personas trans en Puerto Rico.

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Restricciones en salud, identidad y derechos básicos avivan la lucha de activistas y organizaciones en la isla

SAN JUAN, Puerto Rico – La comunidad trans en Puerto Rico enfrenta un momento de crisis tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Con una serie de órdenes ejecutivas, su administración ha impuesto restricciones que afectan derechos fundamentales de las personas trans y no binarias, eliminando protecciones legales y limitando su acceso a servicios esenciales.

Las nuevas medidas incluyen la eliminación del reconocimiento legal de género para personas trans, la prohibición de fondos federales para tratamientos de afirmación de género, la reubicación de mujeres trans en cárceles masculinas y la restricción de apoyo a jóvenes trans en las escuelas.

Para Joseph Gabriel Cepeda Acosta, abogado, activista y director de Arianna’s Center Puerto Rico, estas políticas representan un ataque sistemático contra una comunidad históricamente marginada.

«Es un avance continuo para limitar los accesos de las personas de identidad trans. En Puerto Rico funciona de manera distinta a Estados Unidos, pero nos veremos afectados, aunque el impacto no será inmediato», explicó.

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Desde su rol en Arianna’s Center, Cepeda Acosta ha sido testigo de cómo los recortes en fondos federales pueden afectar servicios críticos, especialmente en salud. «No recibimos fondos del gobierno federal, pero sabemos que el recorte de fondos impactará las comunidades de forma general, principalmente en asuntos de salud», afirmó.

El panorama es preocupante, pero la comunidad trans en Puerto Rico no está dispuesta a retroceder. Activistas como Ivana Fred, Guarix Agosto, Michelle Trinidad Ramos y Justin Jesús Santiago han alzado la voz para denunciar las políticas de Trump y hacer un llamado a la resistencia.

Acceso a la salud en riesgos

Una de las primeras consecuencias de las órdenes ejecutivas de Trump ha sido la restricción del acceso a tratamientos médicos de afirmación de género. La nueva política prohíbe el uso de fondos federales para estos procedimientos en menores de 19 años, lo que ha llevado a clínicas a restringir sus servicios.

En Puerto Rico, Transalud, una de las pocas clínicas especializadas en atención a personas trans, anunció que dejará de atender a menores de 21 años, incluso con autorización de sus padres.

«Las personas que se vayan a atender tienen que pasar por tres personales de psicológicos, ya sea tres psiquiatras o tres psicólogos. Eso tampoco lo explicaron en la carta y se va a dejar de acoger con planes médicos», denunció Guarix Agosto, tesorerx alternx de la Federación LGBT de Puerto Rico.

Cepeda Acosta advierte que este tipo de restricciones ponen en riesgo la salud de muchas personas. «Para que los tratamientos hormonales sean otorgados, deben ser recetados por un médico. La falta de acceso económico y educativo hace que muchas personas recurran a medios que pueden ser ilegales o peligrosos», explicó.

Michelle Trinidad Ramos, quien ha vivido en primera fila la evolución de los servicios de salud para personas trans en Puerto Rico, teme que la comunidad esté regresando a una época de absoluta precariedad. Inició su transición a los 14 años sin acceso a atención médica especializada.

«Todo fue por una amiga nuestra que era farmacéutica. Me dijo ‘Mich, ya tú eres una chica completamente femenina, vamos a empezar con unas hormonas que yo tengo'», recordó.

Hoy, ve con preocupación que las nuevas restricciones obligarán a jóvenes trans a automedicarse sin supervisión, tal como ocurrió en generaciones anteriores.

El peligro de los tratamientos clandestinos

La falta de acceso a tratamientos médicos regulados ha empujado a muchas personas trans a automedicarse o recurrir al mercado negro para obtener hormonas y procedimientos sin supervisión médica.

«Incluso hasta yo soy una de las personas que se medica fuera de médicos», confesó Agosto. «Si por ejemplo mi amiga, que es como una mini copia de mí, se toma tanto, yo me tomo la misma dosis para sentirme bien con mi cuerpo, porque no hay de otra».

Cepeda Acosta ha visto de cerca cómo la falta de opciones empuja a personas trans a soluciones riesgosas. «En ocasiones, las personas recurren a cirujanos no certificados o inyecciones de silicona industrial, lo que puede causar complicaciones de salud graves», advirtió.

Persecución institucional

Las órdenes ejecutivas de Trump han redefinido la forma en que el gobierno federal reconoce la identidad de género. Desde su primer día en el cargo, el presidente estableció que solo existen dos sexos, masculino y femenino, determinados al nacer.

Esto ha generado cambios inmediatos en documentos oficiales. La opción de marcar «X» en pasaportes ha sido eliminada, y las solicitudes de cambio de género han sido rechazadas.

Uno de los ataques más alarmantes ha sido la directriz que ordena trasladar a mujeres trans en prisión a cárceles masculinas, sin importar su identidad de género.

«Van a ser violadas, van a ser asesinadas. Es un castigo brutal que no podemos permitir», denunció Justin Jesús Santiago.

Cepeda Acosta coincidió en que esta política pone en peligro la seguridad de las personas trans encarceladas en Puerto Rico. «Sabemos que hay casos de mujeres trans en instituciones correccionales de la isla. Esto no es un simple cambio administrativo, sino un problema de derechos humanos y seguridad», afirmó.

Guarix Agosto denuncia las restricciones al acceso a la salud para personas trans en Puerto Rico y hace un llamado a la movilización y resistencia.

El desgaste como herramienta de control

Las políticas de la administración Trump no solo afectan los derechos legales de las personas trans, sino que también generan un profundo impacto en su bienestar emocional.

«Hay personas que han intentado atentar contra su vida, hay personas que han entrado a hospitales psiquiátricos», alertó Agosto.

El constante ataque mediático y legislativo contra la comunidad trans ha creado un ambiente de miedo e incertidumbre.

«Publican algo, lo retiran, lo vuelven a lanzar, lo cancelan. Es un ciclo diseñado para hacernos sentir perseguides», explicó.

Un llamado a la acción

Frente a este panorama de represión, activistas y organizaciones han intensificado su trabajo para educar, organizar y movilizar a la comunidad en defensa de sus derechos.

«Nos tenemos que mantener en pie de lucha, que se unan, que es el momento de dejarnos sentir y no delegarle solamente a los líderes más visibles la tarea. Todos estamos en la misma posición y tenemos que unirnos para seguir luchando», expresó Fred.

«Nuestra comunidad ha resistido antes y vamos a resistir ahora. Si nos quieren vulnerables, vamos a ser más fuertes. Si nos quieren callar, vamos a gritar más alto. No nos iremos a ninguna parte», concluyó.

El ataque contra la comunidad trans en Puerto Rico y Estados Unidos no es solo una cuestión de derechos legales, sino un intento de borrar décadas de avances en equidad y reconocimiento.

Sin embargo, la comunidad trans en la isla ha demostrado su capacidad de lucha y organización. Con un movimiento cada vez más fuerte y unido, el mensaje es claro: la resistencia es ahora y la lucha no se detendrá.

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José E. Maldonado Marrero es un experimentado periodista y editor, que comenzó su carrera en el semanario Caribbean Business y la sección de Suplementos de The San Juan Star. Luego laboró durante una década en El Nuevo Día, donde fue director de la sección de Negocios y director fundador de ese diario en Orlando. Actualmente se desempeña como editor de EyBoricua.com.

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