Por Javier Albisu
Agencia EFE
Bruselas – La Comisión Europea presentará este miércoles un amplio paquete legislativo sobre agricultura y medioambiente que, por un lado, regulará las «nuevas técnicas genómicas» para mejorar los cultivos gracias a la edición del ADN de las plantas y, por otro, exigirá a los países que reduzcan un 30% el desperdicio de alimentos para 2030.
La propuesta de la Comisión, que se tendrá que negociar con los Estados miembros y el Parlamento Europeo durante la presidencia española del Consejo de la UE, se enmarca dentro de la estrategia de biodiversidad para dotar a la Unión Europea de un sistema alimentario más sostenible y que garantice la producción agrícola a largo plazo.
class="wp-block-heading">NUEVAS TÉCNICAS GENÓMICAS
El expediente más esperado, sobre todo por los agricultores, es el que regulará las nuevas técnicas de edición genómica, una tecnología con apenas dos décadas de edad que se espera alcance el desarrollo comercial para el final de la presente década.
A diferencia de los organismos genéticamente modificados (OGM), donde se introducen en una planta genes foráneos para mejorarla, esta nueva tecnología, que no es cara, se centra en editar el material genético de un espécimen sin insertar nuevo ADN (mutagénesis) o en introducir genes extraídos de la misma especie o familia (cisgenesis).
Es un proceso equivalente a la selección de semillas ancestral para ir mejorando las cosechas, pero de forma mucho más rápida, precisa y específica, por ejemplo, buscando hacer un cultivo más resistente a plagas o sequías.
Las grandes explotaciones agrícolas ven en este prometedor ámbito en desarrollo una forma de compensar otras dos normativas en trámite con metas para 2030 a las que se oponen frontalmente: la Ley de Restauración de la Naturaleza para reparar el 20 % de los ecosistemas dañados y de la revisión de la Directiva de Pesticidas Sostenibles para reducir un 50 % el uso de plaguicidas químicos.
Bruselas espera también que el nuevo marco regulatorio sirva para que la UE recupere terreno respecto a Estados Unidos y China, actualmente a la cabeza de la investigación en la materia.
La propuesta, según un borrador aún no definitivo, busca equilibrio entre innovación y seguridad y, entre otros aspectos, prohibirá utilizar estos productos con edición genética en el sector «orgánico».
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de la UE dice que estas técnicas son seguras, pues reducen significativamente los efectos no intencionados en las selección tradicional o en la modificación genética.
Uno de los asuntos que preocupan es la protección de la propiedad intelectual, ya que no se puede distinguir si una modificación genética de ese tipo es natural o inducida.
La iniciativa sobre genética vegetal irá acompañada de una actualización de la normativa sobre Material de Reproducción Vegetal, un sector con un valor de 13.000 millones de euros, según los datos que maneja la Comisión.
La normativa establecerá cómo notificar y registrar las nuevas variedades que entren en el mercado comunitario y fijará límites para los intercambios de semillas entre agricultores y períodos de transición para categorías como fruta y vino, entre otros.
El paquete legislativo contendrá también una propuesta para mejorar la calidad de los suelos, dañados por culpa de la salinización, la erosión, la compactación, la contaminación o la pérdida de capacidad para retener agua.
El Ejecutivo comunitario estima que elevar los requisitos medioambientales en relación con el suelo no hará que la producción agrícola decaiga e incluso se espera que en algunos casos aumente gracias a terrenos más fértiles y atractivos para polinizadores.
DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Cada año se tiran 59 millones de toneladas de comida en la UE, que equivale a 131 kilos por habitante y supone el 10 % del total de la producción alimentaria, lo que entraña a su vez un desperdicio de agua o energía.
Por ello, y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, Bruselas propondrá también una revisión de la Directiva de Desperdicio Alimentario con metas legalmente vinculantes.
El objetivo, según documentos consultados por EFE, es reducir la comida que se tira en el sector minorista (como restaurantes, supermercados y hogares) en un 30% per cápita para 2030 en relación con 2020 y un 10% para el ámbito de la manufactura y el procesado, con una actualización prevista para 2027.
Serán los Estados miembros los que se encarguen de obtener los resultados, dado que las costumbres socio-culinarias varían sustancialmente de un país a otro y la propuesta no aborda el etiquetado sobre las fechas de caducidad, pendiente también de modernizarse.
