San Juan, Puerto Rico – La coalición Queremos Sol urgió a la secretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm, que intervenga para evitar que la totalidad de la red eléctrica de Puerto Rico quede en manos inexpertas con el traspaso del sistema de generación a otra empresa privada a partir del próximo 1 de julio, durante una temporada de huracanes que se anticipa más activa.
El conjunto de organizaciones y ciudadanos hizo el pedido en una carta a la funcionaria como encargada de coordinar el proceso de transformación del modelo energético de la isla por designación del presidente Joe Biden. Queremos Sol solicitó a Granholm que acoja la propuesta de transformar la gobernanza del sistema a través de una nueva corporación pública con una estructura libre de la politización que debilitó y destruyó a la Autoridad de Energía Eléctrica.
“Reconociendo que el establecimiento de este nuevo modelo de gobernanza tomará algún tiempo, y que Genera PR se hará cargo de las operaciones de generación en poco más de un mes, le pedimos que solicite al Gobierno de Puerto Rico que posponga la toma de control de las operaciones por parte de Genera hasta después de diciembre de 2023, más allá de la temporada de huracanes”, lee la carta enviada a la funcionaria federal.
La coalición explica en la carta a la secretaria Granholm que una vez Genera PR tome las riendas de la generación el 1 de julio de 2023, el sistema eléctrico de la isla pasará a manos “inexpertas” de dos compañías privadas cuyo principal interés es el “lucro”. Dijeron, además, que estas empresas no “pudieron o quisieron” retener a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), experimentados en el sistema local. Ese efecto combinado pone a Puerto Rico al borde de un desastre, advirtió Queremos Sol.
“El frenesí de la privatización del sector eléctrico impulsado por la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico está colocando a cada residente y negocio en un mayor riesgo tanto en condiciones normales como críticas”, expuso la coalición. En la carta resumen cómo la entrada de LUMA como operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica, el 1 de junio de 2021, degeneró en más deficiencias, apagones y contratiempos recurrentes con los ciudadanos y alcaldes al punto de que la isla quedó sin electricidad por días tras el paso del huracán Fiona el año pasado.
“A pesar de que Fiona solo afectó la parte suroeste de Puerto Rico como un huracán de categoría 1, todo el archipiélago se quedó sin electricidad”, subrayó Queremos Sol. “A esto hay que sumar la decisión más reciente de LUMA de cancelar y reducir los servicios de manejo de vegetación justo cuando Puerto Rico entra en una nueva temporada de huracanes en 2023”.
La coalición denunció además que la empresa matriz de Genera PR, New Fortress, incurrió en violaciones al construir y operar una terminal de gas licuado sin los permisos requeridos y en violación de los requisitos de la Comisión Federal Reguladora de Energía.
“New Fortress no cumplió, mediante un acuerdo anterior, las obligaciones contractuales con la AEE para el suministro de gas natural. Actualmente, en una fase de transición, Genera no ha podido reclutar el personal necesario y calificado para operar las centrales eléctricas. El contrato de privatización anterior establece que Genera asumirá e iniciará operaciones completas el 1 de julio de 2023, coincidiendo también con los primeros meses de la temporada de huracanes de este año. Estamos reviviendo la experiencia LUMA de nuevo”, afirmó Queremos Sol.
El grupo alertó de que pronósticos científicos de la Universidad de Arizona anticipan para este año una temporada de huracanes más activa que el promedio, comparable con la de 2017, que incluyó los huracanes Irma y María.
“Puerto Rico no puede permitirse, ni el Gobierno federal debe permitir, poner en peligro a los residentes por tener a dos operadores sin experiencia que ya han incumplido las obligaciones contractuales y no han podido constituir una fuerza laboral capaz. La insistencia del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal con este contrato es temeraria y desafía el sentido de la razón”, alegaron.
La coalición recurrió a Granholm ante la incapacidad mostrada por el Negociado de Energía de Puerto Rico de ejercer la supervisión que se le encomienda como regulador.
“En otras jurisdicciones que se enfrentan a un sector eléctrico privatizado, tal vez se podría recurrir al regulador para definir e implementar las políticas necesarias para proteger y defender el interés público. Desafortunadamente, el Negociado de Energía, no es tal entidad”, indicaron en la carta.
“La falta de transparencia, los conflictos de intereses y las decisiones a puerta cerrada son la norma para el regulador de Puerto Rico. Ante el incumplimiento constante, los excesos presupuestarios y la actitud desafiante de LUMA, el Negociado de Energía no ha hecho nada, haciéndose de la vista larga en vez de proteger el bien público”, expresó Queremos Sol.
La coalición reiteró su propuesta de que los fondos federales asignados a transformar el modelo energético de Puerto Rico se utilicen para construir un sistema descentralizado basado en el despliegue de energía solar con almacenamiento en los techos de residencias, comercios y terrenos urbanizados o en desuso como las áreas de estacionamiento o los antiguos vertederos y que puedan servir demanda cercana.
