La medida buscaba excluir a presos sentenciados por delitos graves con penas de 10 años o más, pero fue rechazada tras críticas de la ACLU y sectores que la señalaron como una restricción al derecho al voto
SAN JUAN (EFE)
La Cámara de Representantes de Puerto Rico derrotó este jueves a viva voz el proyecto que buscaba limitar el voto adelantado y ausente de los confinados sentenciados por delitos graves con penas de diez años o más.
El Proyecto de la Cámara 1278, de la autoría de los representante Lisie Burgos Muñiz y Ensol Rodríguez Torres, había despertado controversia en la isla.
La medida proponía enmendar el Código Electoral de Puerto Rico para excluir del privilegio del voto adelantado y del voto ausente a confinados sentenciados por uno o varios delitos graves contra la persona, la propiedad, delitos sexuales y/o delitos de orden público o económicos cuya sentencia fuera de diez años o más.
Según Burgos Muñiz, esta legislación respondía a una preocupación legítima sobre la confianza del pueblo en el sistema electoral y la necesidad de evitar que sectores particularmente vulnerables a presiones e intereses externos sean utilizados como herramientas dentro de estrategias político-electorales.
Esta proyecto se presentó después de que un reportaje del medio estadounidense ProPublica revelara un supuesto esquema de fraude para obtener votos de los presos a cambio de droga, en beneficio de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien rechazó las alegaciones.
Al reaccionar a la determinación del cuerpo legislativo, Burgos Muñiz señaló que la derrota de esta medida representa «un golpe» a los esfuerzos por fortalecer la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
«Cuando la Cámara de Representantes rechaza una propuesta dirigida a atender preocupaciones legítimas de los puertorriqueños sobre nuestro sistema electoral, envía el mensaje de que esas inquietudes pueden ser ignoradas en lugar de ser atendidas mediante un debate serio y responsable», expresó la portavoz cameral de Proyecto Dignidad.
Antes de la decisión de la Cámara, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) pidió este jueves que se rechazara el proyecto.
«Es castigar a la víctima de la alegada corrupción o fraude en lugar de a los perpetradores», opinó en un comunicado Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, sobre la medida legislativa.
Para Escudero Rodríguez, el proyecto cameral «equivale a trasladar la responsabilidad de velar por la transparencia y pureza de los procesos electorales que tiene el Estado al elector privado de su libertad y coartarle su derecho».
