San Juan (EFE) – El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández Montañez, anunció este martes que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores del sector privado en todos los foros pertinentes, incluyendo el ámbito judicial, legislativo y congresional.
Esta decisión llega tras la reciente anulación de la reforma laboral, la Ley 41-2022, por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain.
Hernández Montañez criticó que «la inacción» del Gobierno de Pedro Pierluisi provocó la anulación de la medida, mientras que la Cámara sí presento «un extenso informe de 26 páginas ante el Tribunal Federal en el que se detalla el impacto fiscal de la Ley».
El extenso documento, radicado en octubre pasado, evidencia cómo las múltiples versiones del Plan Fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han fallado en proveer estimados que guarden relación con la realidad económica que reflejan los datos oficiales.
Asimismo, demuestra que el impacto de la Ley 41-2022 no es negativo para la economía y que, por el contrario, esta legislación es idónea para un momento histórico en que la isla se está beneficiando de la inyección de más de 120.000 millones de dólares en fondos federales.
«No descansaremos en nuestra defensa por los derechos de los trabajadores y por eso apelaremos esta decisión en el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston», adelantó el presidente de la Cámara.
Igualmente, Hernández Montañez y el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, Domingo Torres García, radicaron el proyecto de la Cámara 1651, que contiene las mismas disposiciones de la Ley 41-2022.
«Conociendo la lentitud de los procesos judiciales de apelación en el ámbito federal, simultáneamente tomaremos nuevas acciones legislativas y aprobaremos la medida acompañada de un informe de la recién creada Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL)», advirtió.
La reforma laboral reducía de nueve a tres meses los periodos probatorios a empleados nuevos, ampliaba a 15 días las licencias de vacaciones y reducía a 700 horas las reglamentarias para la obtención del bono de navidad, entre otros beneficios para los trabajadores.
El Movimiento Solidario Sindical (MSS), unión que sólo organiza en sector privado, expresó también hoy su rechazo a la decisión de la jueza federal.
«La anulación de la Ley 41 del 2022 lo que significa es regresar a los 6 días de vacaciones, 6 días de enfermedad, el periodo de 9 meses de periodo probatorio y para lograr el bono de navidad el haber trabajado 1350 horas. Es un acto que nos lleva nuevamente a la mal llamada Reforma Laboral aprobada en el 2017», denunció el representante de la Unión, José Rodríguez Vélez.
Rodríguez Vélez detalló que La Ley 41 de 2022 enmendaba la Ley 3 del 2017 devolviéndole a los trabajadores del sector privado los derechos y beneficios que les fueron eliminados.
«Con la excusa que devolver esos derechos afecta a patronos y compañías, y por tanto el gobierno va a recibir menos recaudos, pero nada más alejado de la realidad, no existe evidencia del efecto negativo en recaudos y mucho menos de forma directa a los patronos», enfatizó.
