San Juan (EFE) – La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes llevó a cabo este jueves una vista pública para evaluar varias medidas que proponen eliminar o suspender ciertos arbitrios, entre ellos «la crudita».
Presidida por Jesús Santa Rodríguez, la Comisión analizó enmiendas relacionados con ciertos arbitrios recogidos en el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico y en la Ley para el Repago de la Deuda, Reestructuración de las Financias y Operaciones.
Esta última establece los procedimientos a seguir ante la emergencia fiscal y operacional de la Administración de Carreteras y Transporte (ACT).
Ante la Comisión depusieron Roberto E. Rivera Báez, director asociado de Área de Política Pública y Legislativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; Ángel L. Pantoja Rodríguez, subsecretario del Departamento de Hacienda; y Nelson J. Pérez Méndez, subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico.
Pérez Méndez señaló la falta de consistencia de estos proyectos en torno al ordenamiento fiscal y el marco jurídico aplicable, tanto estatal como bajo la ley PROMESA, y resaltó el efecto negativo que la aprobación de estas medidas tendrían en el funcionamiento del Gobierno.
Rivera Báez y Pantoja Rodríguez se hicieron eco de estas expresiones y pormenorizaron el impacto a las finanzas públicas de ser aprobados estos proyectos.
La «crudita» surgió como un nuevo impuesto sobre los productos derivados del petróleo, en respuesta a la disminución de ingresos y el aumento en costos operacionales de la ACT, buscando mejorar las carreteras y el transporte del país.
Sin embargo, al haberse alcanzado un acuerdo de Alianza Público Privada entre ACT y Abertis (Metropistas), que cubre parte de la deuda, se planteó la eliminación de este impuesto.
Se alega que ha dejado de cumplir el propósito original para su imposición y que su eliminación mitigará el efecto del aumento en el costo de vida de los ciudadanos.
Para que estas medidas puedan ser implantadas, de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, el actual marco jurídico del gobierno requiere que la Junta de Supervisión Fiscal dé paso a las mismas.
«De un análisis de estos tres proyectos, concluimos que es necesario ser más específicos sobre qué impuestos serán eliminados, pues hay distintos tipos de «crudita», y si su reducción o eliminación pudiera ser parcial», señaló Santa Rodríguez.
«La propuesta del Senado, específicamente, busca eliminar todos estos impuestos y arbitrios, lo que tendría un impacto negativo de mil millones de dólares al año. Sabemos que esto no cumple con lo estatuido en la ley PROMESA, y la Junta no le dará paso», agregó.
No obstante, reconociendo la necesidad de lograr una reducción en los gastos de la gente, señaló que estas medidas serán referidas a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para que realice un análisis sobre el efecto de la eliminación de, al menos, la última «crudita» aprobada en 2015.
El representante apuntó que, una vez la OPAL emita su informe sobre el efecto de la eliminación de la última «crudita», estarán en posición de proponer un proyecto sustitutivo, toda vez que se identifiquen cuáles otros ingresos podrían sustituir la eliminación de la referida ley.
