La sesión legislativa también incluyó medidas sobre adultos mayores, explosivos, libertad a prueba, intercambio de información de salud y manejo de playas
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes aprobó este lunes, de manera unánime, el Proyecto de la Cámara 569, que propone crear un programa de apoyo integral para facilitar la reintegración social de policías estatales retirados.
La medida, de la autoría del representante Emilio Carlo Acosta, busca atender necesidades laborales, económicas y de salud mental durante la transición de los agentes a la vida civil.
Tras su evaluación en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, el proyecto fue enmendado para que la transición sea liderada por la Policía de Puerto Rico, en cumplimiento con el Acuerdo para la Reforma Sostenible, con la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. También delega en ASSMCA el peritaje clínico necesario y ordena establecer un Protocolo de Delimitación de Funciones para evitar duplicidad de esfuerzos y malgasto de fondos públicos.
“El paso del trabajo policial activo a la jubilación no solo implica un cambio en lo económico, sino también en lo psicológico, emocional y social. La falta de planificación y recursos adecuados en esta etapa puede traducirse en desorientación, dificultades económicas, problemas de salud mental y una pérdida de propósito o identidad”, sostuvo Carlo Acosta.
La Cámara también aprobó el Proyecto de la Cámara 1164, del representante Fernando Sanabria Colón, para enmendar la Carta de Derechos a Favor de los Adultos Mayores e incorporar el derecho a la igualdad en el acceso a servicios y tecnologías.
La medida responde al avance de la digitalización de servicios esenciales en el sector público y privado, que ha creado barreras de acceso para adultos mayores sin recursos digitales, conexión a internet o equipos tecnológicos.
“De este modo, se busca garantizar que ninguna persona adulta mayor sea discriminada o excluida del disfrute de servicios esenciales, ya sea en el ámbito público o privado, por razón de edad, desconocimiento tecnológico o falta de acceso a Internet o equipos digitales”, expresó Sanabria Colón.
El pleno acogió además el informe final de la Resolución de la Cámara 227, que evaluó la viabilidad de establecer un programa adicional de paradas de autobuses en zonas donde ubican centros de cuidado y complejos de vivienda para adultos mayores en San Juan.
La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar concluyó que la creación de nuevas paradas o rutas adicionales tendría implicaciones fiscales y operacionales significativas, aunque identificó áreas de oportunidad para legislación sobre instalación y mantenimiento de cobertizos adecuados.
El cuerpo legislativo tenía previsto votar el Proyecto de la Cámara 1115, pero el informe positivo fue retirado y devuelto a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales.
Medidas incluidas en la sesión:
- Proyecto de la Cámara 569: crea un programa de apoyo integral para policías estatales retirados, con asistencia laboral, económica y de salud mental.
- Proyecto de la Cámara 1164: enmienda la Carta de Derechos a Favor de los Adultos Mayores para incluir el derecho a igualdad en el acceso a servicios y tecnologías.
- Resolución de la Cámara 227: informe final sobre la viabilidad de establecer paradas de autobuses en zonas con centros de cuidado y complejos de vivienda para adultos mayores en San Juan.
- Proyecto de la Cámara 1115: su informe positivo fue retirado y devuelto a la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales.
- Proyecto del Senado 40: atempera disposiciones y delitos de la Ley de Explosivos al Código Penal de Puerto Rico.
- Proyecto del Senado 42: atempera la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba al Código Penal y a la Ley de Armas de 2020.
- Proyecto del Senado 613: designa el Puerto Rico Health Information Exchange, adscrito al programa Medicaid del Departamento de Salud, como entidad responsable de cumplir con requerimientos federales.
- Proyecto del Senado 661: añade integrantes a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas, incluyendo al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el principal ejecutivo de Innovación e Información del gobierno, una persona del sector turístico y una persona de una organización sin fines de lucro.
