Asignaciones priorizan educación, salud, seguridad, pensiones y modernización gubernamental
SAN JUAN, Puerto Rico — La Cámara de Representantes aprobó este jueves el primer presupuesto balanceado de Puerto Rico en años recientes, ascendiente a $13,095 millones para el año fiscal 2025-2026. La medida, que obtuvo 34 votos a favor y 17 en contra, prioriza áreas clave como familia, educación, salud, seguridad y modernización de la gestión pública.
El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, destacó que el presupuesto se desarrolló con amplia discusión pública y que se atendieron reclamos municipales mediante asignaciones específicas para servicios esenciales.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier Chinea, enfatizó que es la primera vez que un presupuesto se trabaja desde el inicio en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Tras conversaciones entre alcaldes, el Ejecutivo y la JSF, se acordaron partidas que suman $384.2 millones, sujetas a mecanismos de fiscalización para asegurar su uso en salud, seguridad, infraestructura y desarrollo económico.
Entre las partidas destacadas figuran $2,065 millones para el pago de pensiones bajo el sistema PayGo, $970.5 millones al Fideicomiso de Pensiones, y $983 millones al Plan de Ajuste de la Deuda. Se incluyen también $84 millones para pagar horas extra a policías.
En el sector educativo, el Departamento de Educación recibirá $3,044 millones, incluyendo $506.5 millones para el Programa de Servicios Educativos Integrales para Estudiantes de Educación Especial. La Administración de Seguros de Salud (ASES) recibirá una asignación de $834.5 millones.
La cifra final refleja un ajuste a la baja respecto a la recomendación inicial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que propuso $13,258 millones, cifra modificada posteriormente por la JSF.
Durante el debate, la representante del PIP, Nelie Lebrón Robles, cuestionó que la Universidad de Puerto Rico reciba $560.8 millones, lo que representa una reducción del 26.2% frente a su solicitud de $842.7 millones. Criticó además que la UPR no sea considerada un servicio esencial.
Por su parte, las legisladoras Gretchen Hau (PPD) y Lisie Burgos Muñiz (Proyecto Dignidad) expresaron preocupación por posibles impactos de recortes federales y falta de fondos en agencias. Burgos planteó incluso la necesidad de una reestructuración del aparato gubernamental para mejorar eficiencia y sostenibilidad fiscal.
El nuevo presupuesto entrará en vigor el 1 de julio.
