La admisión de culpabilidad de la exgobernadora ante un tribunal federal marca un golpe histórico a la confianza ciudadana en la clase política
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
El 27 de agosto de 2025 quedará inscrito en los anales de la historia y en la memoria colectiva del pueblo de Puerto Rico como el día en que, por primera vez, un exgobernante, Wanda Vázquez Garced, admitió ante el gobierno federal que cometió un delito. Así de claro: un delito.
Que nadie lo olvide. Un delito es una acción u omisión que contraviene las leyes penales de un país. Significa que lo que hizo está prohibido por la ley y es sancionado con un castigo. Aunque trate de maquillarlo, cometió un delito. Ante el tribunal se declaró culpable, pero ante el pueblo intentó poner excusas y defender lo indefendible.
“Aquí yo no cogí un solo centavo”, dijo la exgobernadora no electa al salir de la corte federal, casi como queriendo lavarse las manos, buscando lucir bien. Pero hay manchas de suciedad que nunca se pueden borrar. Esta es una.
Por eso el pueblo sabe que, por más que intente decir lo que no es, por más que busque victimizarse, Wanda Vázquez Garced, ella misma, solita, pasó a los anales de la historia como corrupta.
Esto resuena como un eco familiar en Puerto Rico porque, después de todo, no es la primera vez que el país ve a uno de sus líderes enfrentar la justicia por acusaciones de corrupción. Pero en este caso golpea de una manera distinta: no solo por la envergadura del puesto que ocupó, sino por el profundo desgaste que representa para la ya frágil confianza del pueblo en sus instituciones políticas.
A lo largo de su carrera en el servicio público —como fiscal, como procuradora de las Mujeres, como secretaria de Justicia y como gobernadora por carambola, porque el puesto no le tocaba a ella realmente, sino que le cayó por casualidad—, Wanda Vázquez proyectó siempre una imagen de seriedad. Se decía y se proyectaba como una funcionaria que escaló posiciones en el sistema de justicia hasta alcanzar los puestos más altos por su pericia e inteligencia, casi por mérito. Mucha gente le creyó el cuento y muchos le rindieron pleitesías.
Su llegada a La Fortaleza por sucesión constitucional, tras la histórica renuncia de otro corrupto, Ricardo Rosselló, fue vista como una oportunidad para restaurar la decencia y el orden. Los principales periódicos y telediarios del país intentaron desesperadamente en aquel verano de 2019 proyectarla como la salvadora. Era quien traería la paz. Y ella siguió el juego diciendo que no era política, que nunca buscó ni quería el puesto. Pero le duró poco.
Quizás fueron los hongos del antiguo edificio de La Fortaleza, o tal vez los reflectores de las cámaras, pero eso le duró poco. En cuestión de menos de dos meses en el cargo, e incluso más adelante en medio de la pandemia, ya estaba haciendo campaña.
Jugaba con una proyección casi de intocable: de exfiscal de hierro, de gobernadora que protegió al pueblo encerrándonos para salvar vidas del COVID. Pero de ahí terminó siendo una política desesperada por conseguir dinero y quedarse en el poder. Ayer, tras declararse culpable de cometer un delito, intentó otra vez proyectarse como víctima de las circunstancias.
Para el pueblo esto no es solo un titular más. Es una herida que se abre nuevamente, un recordatorio amargo de que la corrupción sigue arropándonos. Es un mal sistémico arraigado en la clase política y que se manifiesta en la desconexión entre lo que se predica en público y lo que se practica en la trastienda.
La indignación no proviene únicamente del acto en sí, sino de la repetición del patrón. Ver a un político tras otro señalado, acusado y finalmente convicto genera impotencia y frustración. Es un ciclo vicioso que alimenta el cinismo y el desinterés en los procesos democráticos. ¿Cómo participar con fe en un sistema donde los que juran servir al pueblo terminan sirviéndose a sí mismos?
El acuerdo de culpabilidad, que redujo los cargos de soborno y fraude a un delito menor, puede ser un alivio para la exgobernadora, pero para la ciudadanía deja un sabor agridulce. Para muchos, este tipo de acuerdos no hace justicia a la magnitud de la ofensa y perpetúa la percepción de que la élite política opera bajo reglas diferentes. La imagen de la exmandataria llegando al tribunal, escoltada por personas con intereses ligados a su gestión, refuerza la idea de una red de favores impermeable a la moralidad pública.
Este nuevo caso nos tiene que poner a pensar como pueblo en que no podemos tolerar más líderes de mentira. Se debe buscar gente con integridad. No alguien con oratoria convincente y promesas grandiosas, sino con un plan realista y transparente. Es imperativo que examinemos más allá de los lemas de campaña, que investiguemos el financiamiento, las conexiones y los antecedentes. Debemos exigir rendición de cuentas, no solo en las urnas, sino durante todo el mandato. La indiferencia no es opción; es un cheque en blanco a la corrupción.
Este caso es un llamado de atención. Es un espejo que le muestra a la clase política puertorriqueña su mayor crisis de credibilidad. La confianza del pueblo no se recupera con promesas vacías o discursos de mano dura, sino con acciones concretas, transparencia y verdadera rendición de cuentas. Si los líderes no comprenden que cada caso de corrupción es un clavo más en el ataúd de la fe pública, el futuro político de Puerto Rico seguirá siendo una sucesión de decepciones.
Pero el pueblo tiene que actuar. Si queremos romper este ciclo vicioso, el cambio no vendrá de La Fortaleza o del Capitolio, sino de la base. El pueblo tiene que demandar honestidad, transparencia y un compromiso genuino con el servicio público. Es un trabajo continuo que requiere de una ciudadanía activa y vigilante. Si el cinismo nos gana, habremos perdido la batalla más importante: la de nuestra dignidad como sociedad.
