La lucha soberanista frente a un sistema sin autogobierno real
Se nos acusa —desde el anexionismo del PNP y el colonialismo reciclado del PPD— de actuar “a espaldas del pueblo” por impulsar, como estrategas soberanistas, una iniciativa dirigida a influir en el gobierno de los Estados Unidos y en la administración Trump para que concedan y ejecuten la transición de Puerto Rico hacia la independencia. Dicen que es antidemocrático porque, alegadamente, una mayoría de puertorriqueños aún respalda la estadidad. La acusación suena solemne, incluso moralista. Pero es falsa. Y lo es porque parte de una premisa inexistente: que en Puerto Rico hay democracia.
No la hay. Nunca la ha habido.
Puerto Rico sigue siendo una colonia y, por definición, las colonias no son democráticas. Celebrar elecciones cada cuatro años en un régimen sin soberanía verdadera no constituye democracia; es control colonial. Elegir funcionarios que dependen de un poder externo, mientras una junta de control fiscal colonial no electa —impuesta y designada por el presidente de otro país— maneja los presupuestos, las políticas públicas y el destino económico del territorio, va en contra del principio democrático. No se trata de autogobierno, sino de tutela.
Es importante preguntarse: ¿cuándo fue consultado el pueblo puertorriqueño sobre las decisiones que definieron su destino?
No en 1898, durante la invasión y ocupación.
No cuando se eliminó nuestro gobierno autonómico electo.
No con la Ley Foraker.
No con la Ley Jones de 1917, que impuso una ciudadanía ajena, no por derechos, sino para reclutarnos en guerras foráneas.
No con la Ley Jones de 1920, que aún afecta y estrangula nuestro comercio.
No cuando se eliminó el peso puertorriqueño, empobreciendo masivamente al país.
No cuando se prohibió nuestra bandera y se inició una política de americanización.
No cuando el Estado colonial masacró a puertorriqueños en 1935 y 1937.
No con la Ley de la Mordaza, que persiguió, encarceló y silenció al movimiento independentista.
No cuando miles de mujeres puertorriqueñas fueron usadas como conejillos de Indias y esterilizadas sin su consentimiento.
No cuando se ocultó al pueblo que el presidente Eisenhower consideró otorgar la independencia y esa opción fue enterrada por Muñoz Marín y el liderazgo colonialista del PPD.
No con las carpetas.
No con la expropiación de tierras para bases militares y zonas de bombardeo.
No con la imposición de la Junta de Control Fiscal en 2016.
Nunca. Ni una sola vez.
Y, sin embargo, quienes han guardado silencio cómplice durante 127 años de imposiciones coloniales hoy descubren, de repente, una súbita pasión por la “democracia” cuando los independentistas trabajamos para desmantelar el régimen colonial que nos oprime. Es una indignación selectiva. Una “democracia” colonial de conveniencia.
Se nos dice que no debemos “influir” en el gobierno estadounidense, sino esperar a que una mayoría colonizada nos otorgue permiso para ser libres. Ese argumento ignora una verdad incómoda: en una colonia, la opinión del colonizado no es el factor decisivo. El único criterio que históricamente importa es el interés del colonizador. Por eso, a pesar de múltiples plebiscitos, el Congreso de los Estados Unidos no se siente obligado a admitir a Puerto Rico como estado. No le conviene. Punto.
La hipocresía es clara. Si la voluntad del “pueblo” fuera obligatoria, Puerto Rico ya sería un estado. Pero no lo es porque la decisión la toma Washington. El gobierno de EE. UU. no tiene que preguntarle a la colonia sobre el futuro de la colonia. Esa es la realidad colonial que muchos se esfuerzan por disimular e ignorar.
Como patriota puertorriqueño, defiendo la libertad no por ser una opinión mayoritaria o minoritaria, sino porque es un derecho fundamental. La libertad no se somete a un plebiscito bajo presión. No se somete a voto cuando el miedo, la pobreza, la dependencia económica y un siglo de propaganda colonial han sido creados específicamente para que el pueblo tema su propia emancipación y dude de su capacidad de autogobernarse.
La historia demuestra que ningún pueblo colonizado ha alcanzado su libertad esperando pasivamente el consentimiento de una mayoría indoctrinada y sometida al régimen colonial. La libertad se conquista, a veces persuadiendo al colonizador de que mantener la colonia es más costoso que liberarla. Eso no es antidemocrático; es estrategia y realismo político en un contexto de dominación.
Si veo a un esclavo encadenado, mi deber moral no es preguntarle si está cómodo con sus cadenas. Mi deber, como ser humano que ama la libertad y la dignidad humana, es romperlas. Y si el esclavo, aterrorizado por el castigo y condicionado por años de sometimiento, cree que no puede vivir sin ellas, mi responsabilidad es mayor, no menor. En ocasiones, basta con convencer al amo de que la esclavitud es injusta, insostenible o contraria a sus propios intereses. Así ha funcionado la historia.
Puerto Rico no es una democracia. Es una propiedad territorial y colonial de los Estados Unidos, sujeta a ser retenida, transferida, vendida o liberada según los intereses de los Estados Unidos. Fingir lo contrario es vivir en una fantasía política cuidadosamente cultivada por el colonialismo.
Por eso trabajamos por la liberación. No por capricho, no por traición, no por arrogancia, sino por coherencia histórica y dignidad nacional. Nuestro objetivo es desmontar un sistema antidemocrático y sustituirlo por una república verdaderamente soberana y democrática, donde el pueblo, por primera vez, decida sin tutelas coloniales ni amos foráneos.
Quienes hoy nos acusan de “antidemocráticos” deberían primero explicar dónde estuvo su indignación durante más de un siglo de imposiciones por parte de los Estados Unidos y de su régimen colonial en nuestro país. Hasta entonces, sus reclamos no constituyen una defensa de la democracia. Son la defensa de las cadenas.
Y esas cadenas, con o sin su consentimiento, serán rotas.
