La organización advirtió que la medida es regresiva y violaría derechos constitucionales, al excluir del sufragio a personas convictas por delitos graves
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE)
El Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) pidió este jueves a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que rechace aprobar un proyecto que excluiría del derecho al voto a los presos en la isla.
El Proyecto de la Cámara 1278 busca excluir del derecho al voto a personas sentenciadas por uno o varios delitos graves y cuya sentencia sea de diez años o más, fue radicado el 14 de mayo por los representantes Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, y Ensol Rodríguez Torres, del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP).
«Es castigar a la víctima de la alegada corrupción o fraude en lugar de a los perpetradores», opinó en un comunicado Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU de Puerto Rico, sobre la medida legislativa.
Para Escudero Rodríguez, el proyecto cameral «equivale a trasladar la responsabilidad de velar por la transparencia y pureza de los procesos electorales que tiene el Estado al elector privado de su libertad y coartarle su derecho».
La medida fue referida a la Comisión de Gobierno, que es presidida por el representante Víctor Parés, también del gobernante PNP. Dicha comisión, no obstante, no ha convocado a vistas públicas del Proyecto.
En su análisis, la ACLU de Puerto Rico, alertó que, el mecanismo propuesto «resulta ser un remedio constitucionalmente defectuoso, regresivo y violatorio» de los principios fundamentales de los derechos humanos y civiles vigentes en el ordenamiento jurídico local.
«Para evitar supuestas irregularidades político-partidistas en las prisiones, la solución menos restrictiva es fiscalizar con rigor los procesos de votación del Departamento de Corrección y de la Comisión Estatal de Elecciones, y no eliminar de raíz el derecho constitucional del elector», subrayó Escudero Rodríguez.
En esta misma línea, Escudero Rodríguez indicó que las irregularidades electorales que motivaron la presentación de este proyecto -las imputaciones de presión o compra de votos en las cárceles- no son culpa de los confinados, sino fallas administrativas e institucionales.
La organización anotó que eliminar el derecho al voto de ciertos confinados no solo afecta el derecho reconocido mediante ley desde 1980, sino que quebranta directamente los mandatos de la Constitución de Puerto Rico , que establece en su Artículo II, Sección 2 que el voto será «universal, igual, secreto y directo».
