La organización aseguró que agentes municipales han referido inmigrantes a agencias federales sin autoridad legal ni órdenes judiciales
SAN JUAN (EFE)
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico denunció este viernes que en el archipiélago se han documentado prácticas ilegales, discriminatorias y peligrosas de colaboración entre policías locales y autoridades federales de inmigración.
«La policía local, especialmente la municipal, ha actuado repetidamente como agentes de inmigración de facto. Esta práctica es ilegal, discriminatoria y sumamente peligrosa», alertó en un comunicado Lolimar Escudero, abogada de Política Pública de la organización.
En su ponencia escrita, la ACLU de Puerto Rico mostró evidencia de casos en los que policías municipales han actuado como agentes migratorios, refiriendo personas inmigrantes a agencias federales sin orden judicial, sin autoridad legal y sin los protocolos necesarios para proteger derechos fundamentales.
Según la ACLU, esto ocurre incluso sin que existan acuerdos formales bajo el programa 287(g), que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) delegar ciertas funciones de aplicación de leyes migratorias federales a agencias estatales o locales.
El impacto de este asunto va mucho más allá de las personas detenidas, pues provoca que comunidades enteras teman conducir, trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, acudir a servicios de salud, denunciar delitos o participar en la vida pública.
Como ejemplo de estas prácticas, la ACLU de Puerto Rico destacó el caso de Joan Alberto Zorrilla, inmigrante dominicano detenido luego de una intervención de la Policía Municipal de Carolina el 8 de enero de 2026.
En ese caso, un agente municipal lo intervino por alegadas violaciones a una ordenanza municipal, accedió a la información de su licencia de conducir de Puerto Rico y, sin base legal, contactó a la Patrulla Fronteriza.
La organización denunció además que el mismo agente municipal cambió la fecha de una cita administrativa de Zorrilla en el cuartel municipal.
Cuando este acudió a lo que entendía era una gestión ordinaria, agentes de la Patrulla Fronteriza lo esperaban en el lugar, lo arrestaron y lo trasladaron a la estación de CBP en la Base Ramey, en Aguadilla.
La ACLU de Puerto Rico se opone a cualquier colaboración, incluyendo bajo el programa federal 287(g).
Un informe publicado por la ACLU en febrero detalla cómo la administración Trump está expandiendo drásticamente dicho programa para transformar las fuerzas del orden estatales y locales en una fuerza policial de deportación.
La organización también recordó el caso de Aracelys Terrero, inmigrante dominicana residente en Puerto Rico, con permiso de trabajo aprobado y protegida como sobreviviente de violencia de género bajo la Ley federal VAWA.
El 25 de mayo de 2025, Terrero fue intervenida por un agente municipal y detenida por agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza en Cabo Rojo, a pesar de haber presentado documentación migratoria vigente.
El agente municipal que realizó el referido no tenía orden judicial ni autoridad legal para entregarla a autoridades migratorias.
La organización advirtió que estas colaboraciones entre policías locales, ICE y la Patrulla Fronteriza pueden implicar violaciones constitucionales, incluyendo perfilamiento racial, detenciones irrazonables, discriminación, vigilancia indebida y debilitamiento de protecciones locales.
Además, citó jurisprudencia federal que reconoce la responsabilidad civil de los municipios por violaciones de derechos cometidas por sus agentes, incluyendo los precedentes de Monroe v. Pape y Monell v. Department of Social Services of the City of New York.
La organización urgió al Congreso y a las agencias federales a poner fin al programa 287(g) y a sus equivalentes informales, investigar el uso indebido de policías locales en Puerto Rico para fines migratorios, garantizar el respeto al debido proceso y establecer mecanismos de supervisión que impidan colaboraciones fuera de los cauces legales.
