Rafael Acosta Centeno, de 54 años, murió baleado por agentes municipales
SAN JUAN, Puerto Rico – La muerte de Rafael Acosta Centeno durante una intervención policial en Barceloneta volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta del Estado a las crisis de salud mental y el uso de fuerza letal por parte de la Policía.
Los hechos ocurrieron en la carretera PR-682, intersección con la calle Cité del barrio Garróchales, donde un agente municipal resultó herido con un arma blanca y Acosta murió tras recibir disparos de los agentes que acudieron a la escena, según informó la Policía.
De acuerdo con la versión oficial, el agente llegó al lugar tras una llamada al sistema de emergencias y encontró a un hombre de alrededor de 54 años portando un arma blanca. Según el comunicado, el individuo se abalanzó sobre el uniformado y lo agredió, lo que llevó a los agentes a disparar para repeler el ataque.
Ambos fueron transportados a un hospital en Manatí, donde se confirmó la muerte de Acosta, identificado más tarde como Rafael Acosta Centeno. La pesquisa quedó en manos de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.
No obstante, para Kilómetro 0 (KM0), organización dedicada a documentar y analizar incidentes de uso de fuerza, el caso encaja dentro de un patrón alarmante. La entidad señaló que la muerte de Acosta es la décimo tercera registrada este año vinculada al uso de fuerza policial y, al menos, la cuarta en un escenario asociado a una crisis emocional, según su monitoreo.
Según el comunicado de KM0, Acosta habría sido la persona que llamó al 911, alegando intención de quitarse la vida quemando su carro estacionado en su residencia. Para la organización, este detalle debería ser central en el análisis público.
“Este caso nos hace cuestionarnos, una vez más, qué pasaría si en lugar de responder a estas situaciones de crisis emocionales con policías y fuerza desproporcionada, tuviéramos un equipo de profesionales de la salud mental con especialidad en desescalar crisis en lugar de escalar la violencia”.
KM0 sostiene que la presencia policial, por su propio entrenamiento y protocolo, funciona como un elemento que tiende a agravar situaciones de crisis.
“Un Policía no habla con empatía, se expresa en ‘comandos verbales’. No ofrece tiempo ni espacio físico y recurre a la fuerza si las personas no ‘obedecen’”, advirtió la organización al insistir en que, en la mayoría de estos escenarios, la intervención policial no solo es innecesaria, sino peligrosa.
La organización subrayó que lo ocurrido en Barceloneta no es un caso aislado, sino parte de un patrón de intervenciones “mal gestionadas” que escalan la violencia y provocan trauma y muerte. “La muerte de una persona en medio de una crisis no puede normalizarse como un desenlace inevitable”, afirmó KM0, al señalar que el sistema actual insiste en delegar a la Policía situaciones que requieren un enfoque salubrista y especializado.
Desde su campaña Manejo de Crisis sin Policía, KM0 reiteró varios reclamos: crear equipos de respuesta compuestos por profesionales capacitados para desescalar, eliminar la participación policial en intervenciones de salud mental, establecer investigaciones independientes en casos de letalidad y desarrollar alternativas comunitarias que reduzcan riesgos. “La historia sería otra si existieran estructuras de respuesta adecuadas”, sentencia la organización.
El caso de Rafael Acosta Centeno continúa bajo investigación, pero para entidades como KM0, las preguntas fundamentales ya están sobre la mesa: qué mecanismos fallaron, por qué la Policía sigue siendo la primera línea de respuesta y cuántas muertes más deberán ocurrir antes de que el Estado adopte un modelo de intervención centrado en la salud y no en la fuerza.
