La secretaria Lourdes Gómez Torres aseguró que la cifra corresponde a casos resueltos por la DIPAC y defendió limitar información para proteger investigaciones activas
SAN JUAN (EFE)
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, negó que existan 229 casos de corrupción archivados sin investigar y aseguró que la cifra corresponde a casos resueltos en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
«Aclaramos una vez más, que no es correcto que el Departamento de Justicia haya cerrado alrededor de 200 casos de corrupción sin investigar», dijo Gómez Torres en un comunicado de prensa enviado el miércoles.
«Todo lo contrario. Por primera vez, estamos solicitando que los fiscales rindan un informe detallado sobre las gestiones de investigación en aquellos casos cuya etapa investigativa se ha extendido por más de dos años», indicó.
Gómez Torres indicó que la cifra de 229 casos resueltos surgió en respuesta a una petición de información del senador popular Luis Javier Hernández Ortiz y corresponde a estadísticas posteriores a la aprobación del protocolo.
No obstante, dijo que la información que solicitó el senador «pondría en peligro procesos investigativos actuales y futuros, pues afectaría la cooperación de testigos, vulneraría los derechos de las partes que tenemos la responsabilidad en ley de proteger, expondría técnicas y estrategias de investigación y hasta podría poner en riesgo la vida y seguridad de informantes».
«Reiteramos que no hay 229 casos sin investigar y la estadística no se refiere únicamente a casos de corrupción», enfatizó.
Gómez Torres mencionó que algunos casos fueron referidos a otras agencias y entidades investigativas para continuar los procesos, mientras que otros se remitieron a distintas fiscalías para evaluar elementos de delito que no están bajo la jurisdicción de la DIPAC.
Asimismo, otros casos son evaluados en el área civil para gestionar el posible cobro de dinero y hay casos que fueron procesados criminalmente en los tribunales.
Según Gómez Torres, en algunos casos, los fiscales recomendaron un cierre administrativo, porque no contaban con los elementos de delito o prueba suficiente para ser procesados en un tribunal, al momento de su evaluación.
«Como hemos explicado, de obtener la evidencia que se requiere para probar el caso más allá de duda razonable, la investigación puede reactivarse», afirmó.
