Nueva imputación incluye a Cilia Flores y refuerza señalamientos de narcoterrorismo y conspiración internacional
Nueva York (EFE) – Un juez del tribunal federal del distrito sur de Nueva York hizo público este sábado una nueva acusación contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que amplía la presentada en 2020 y lo señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.
La nueva acusación, conocida como «imputación sustitutiva», es una versión ampliada de la presentada en marzo de 2020 contra Nicolás Maduro que agrega nuevos cargos y nuevos imputados -incluyendo por primera vez a su esposa, Cilia Flores, y a uno de sus hijos-.
Así, se elevan a seis el número de acusados y se mantiene imputado al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, ya acusado en 2020.
Asimismo, según el documento judicial revelado hoy, los cargos incluyen cuatro imputaciones distintas relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos, las mismas que figuraban en la acusación original de 2020.
Maduro había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA.
Con esas acusaciones aún pendientes, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo calificó en septiembre de 2025 como un «fugitivo de la justicia estadounidense».
Entonces, el Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, elevó la recompensa por información que condujera a su arresto a 50 millones de dólares.
Acusado de «inundar Estados Unidos de cocaína»
Según la acusación desellada ahora, Maduro encabezó la organización de narcotráfico Cartel de los Soles, nombre con el que se alude a los altos mandos militares venezolanos, que lucen soles en sus insignias.
Bajo su liderazgo, sostiene el escrito, la organización no solo buscó enriquecerse y consolidar su poder político, sino también «inundar» Estados Unidos de cocaína y «utilizar la droga como un arma» contra ese país.
El documento describe al Gobierno venezolano como un poder «ilegítimo», recordando que la reelección de Maduro en 2018 fue ampliamente cuestionada por la comunidad internacional y que en 2019 la Asamblea Nacional lo declaró usurpador del cargo.
Añade que más de 50 países, incluido Estados Unidos, «dejaron de reconocerlo como presidente» y que «las elecciones celebradas en 2024 volvieron a ser objeto de fuertes críticas internacionales, pese a que Maduro se proclamó vencedor».
De acuerdo con estimaciones citadas en la acusación, el Departamento de Estado calculó que hacia 2020 entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban cada año por territorio venezolano rumbo a Estados Unidos.
Los fiscales describen alianzas con las FARC, el ELN, el cartel de Sinaloa, los Zetas y la banda criminal Tren de Aragua, así como el uso de pasaportes diplomáticos, aeropuertos controlados por autoridades y rutas marítimas protegidas por fuerzas estatales para mover la droga.
La causa está pendiente ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado del distrito sur de Nueva York desde 1998, que ya supervisaba el caso abierto en 2020.
El sistema judicial estadounidense tiene precedentes de procesamiento de antiguos líderes latinoamericanos capturados o extraditados, como el panameño Manuel Antonio Noriega o el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, también juzgados en tribunales federales de Estados Unidos.
Los cargos que afronta Maduro conllevan penas potencialmente muy elevadas, especialmente los relacionados con narcoterrorismo y posesión de armas automáticas, que, combinados con el tráfico de drogas, pueden derivar en largas condenas de prisión.
