San Juan (EFE) – El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, informó este viernes de que el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla encontró causa probable para juicio contra el Hogar Mi Pequeño Paraíso, el administrador de dicha institución y una funcionaria del Departamento de la Familia (DF) por un esquema fraudulento.
Presuntamente se apropiaron del dinero correspondiente a tres personas de edad avanzada residentes del Hogar.
Johnny Pitre, administrador del Hogar de cuidado prolongado, enfrenta 29 cargos, que incluyen explotación financiera, negligencia en el cuidado de personas, apropiación ilegal de fondos públicos, posesión y traspaso de documentos falsos, intervención indebida, fraude y archivo de documentos falsos.
Del mismo modo, contra la institución pesan cargos de intervención indebida y apropiación ilegal de fondos tanto públicos como privados.
También se encontró causa por perjurio contra Nereida Rivera, supervisora local de Isabela del DF.
La pesquisa se originó a través de un referido del Departamento de la Familia a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (MFCU) del Departamento de Justicia, dirigida por Luis Freire.
La investigación estuvo a cargo de las fiscales Janice Maymí y Brenda Rosado, junto a los agentes Gricel García del MFCU y Aneudi Mercado de la División de Propiedad del CIC de Aguadilla del Negociado de la Policía.
De acuerdo a la investigación, mientras Pitre fungía como administrador del Hogar, utilizó su posición para manejar y apropiarse ilegalmente y de manera fraudulenta de $108,588.20 perteneciente a tres envejecientes que tenía bajo su cuidado y protección.
Como consecuencia de los actos de explotación financiera y maltrato institucional, las víctimas quedaron desprovistas de su dinero proveniente de distintas fuentes, estatales y federales.
Surge de la prueba presentada por el Ministerio Público en la vista preliminar que, durante 39 meses tanto Pitre como la corporación Mi Pequeño Paraíso, reclamaron y se apropiaron fraudulentamente de los fondos que les correspondían a adultos mayores por virtud del programa para incentivos para mitigar el impacto de la pandemia.
De igual forma, Pitre se apropió fraudulentamente del dinero perteneciente a una adulta mayor que era producto de la pensión de la Junta de Retiro de Maestros, el cual el imputado manejó a través de la cuenta de la corporación Mi Pequeño Paraíso.
Asimismo, manejó ilegalmente y se apropió de los beneficios de Seguro Social de otra residente del Hogar.
La jueza Sandra Segarra no encontró causa para juicio contra Ernesto Tavárez, director regional Aguadilla del DF, por su participación en el esquema.
El Ministerio Público evaluará si presentará una petición de vista preliminar en alzada para presentar nuevamente los cargos en su contra.
La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico, recibe el 75 por ciento de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.
Lo anterior, en virtud de una subvención de $980,092 para el año fiscal 2023-2024, el restante 25% que es $326,693.79 es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.
