(19 de noviembre de 2021) – La Fiscalía de Caguas del Departamento de Justicia condenó la grabación a escondidas y sin consentimiento de Andrea Ojeda Cruz, quien denunció ser víctima de un patrón de agresiones por parte del exboxeador Juan Manuel López Rivera.
“Nos llama la atención que la defensa haya salido convenientemente a solicitar en los medios que se retiren los cargos contra su representado, a menos de 24 horas de haber entregado decenas de audios y videos editados y manipulados a favor de su cliente, que todo apunta a que fueron grabados de manera ilegal”, expresó la fiscal de distrito de Caguas, Aracelis Pérez Correa.
Pérez Correa informó que el Ministerio Público evaluará los pasos a seguir, una vez complete el análisis de todo el material sometido por la representación legal de López Rivera, que podría incluir algunos audios divulgados públicamente sin el consentimiento de la víctima y a espaldas de la Fiscalía.
“Los fiscales aún se encuentran analizando la evidencia entregada. Pero le recordamos a la defensa que las grabaciones incompletas, editadas y grabadas sin el consentimiento de una víctima no son evidencia admisible en un tribunal”, dijo Pérez Correa.
La fiscal aclaró que la víctima no puede violar una orden de protección expedida a su favor y en contra de su agresor.
«La orden de protección fue emitida contra el señor López Rivera. Andrea es la víctima en este caso. Contra ella no existe una orden de protección. Si se dio alguna comunicación entre ambos, es él quien pudo haber violado la orden”, explicó la fiscal. Esta advirtió que quien único puede dejar la orden sin efecto es un juez.
Por su parte, la coordinadora de las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, explicó que «es parte del ciclo de maltrato el que las perjudicadas permitan cierto grado de acercamiento. El daño sicológico que ocasiona la violencia de género es grande y muy serio. También es conocido que en ocasiones los agresores buscan acercarse como estrategia. En esa situación, el deber de la víctima es informarlo. Sin embargo, por su estado emocional, algunas no lo hacen».
«Es sumamente preocupante e inaceptable que se estén divulgando grabaciones que pudieran contaminar el proceso criminal, y más cuando se trata de un caso de violencia de género que se verá por jurado. Peor aún, tiene el efecto de revictimizar a la víctima”, puntualizó Hernández Gutierrez.
«En este momento, en el que existe una declaración de emergencia en la isla, todos los sectores deben colaborar para proteger a las víctimas. Pedimos cooperación. Todos tenemos una responsabilidad social», concluyó la fiscal.
