San Juan, 18 de mayo de 2022 (EFE) – El Departamento de Justicia anunció este miércoles que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente archivó una investigación contra el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, sobre el presunto uso ilegal de fondos de una comisión cameral para el pago de facturas de servicios profesionales.
La investigación preliminar de Justicia se centraba en alegaciones del ciudadano Michael Rodríguez González, quien tomó las declaraciones del representante Ramón Luis Cruz sobre la intención de Hernández en el presupuesto de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor para radicar la petición.
Rodríguez sostenía que, ya que los recursos de la referida Comisión procedían directamente del Fondo General de Puerto Rico, el acto de Hernández de intentar utilizar dinero no asignado al cuerpo legislativo, constituía una posible comisión de delito y ameritaba la investigación correspondiente.
Ante ello, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia inició la pesquisa entrevistando al representante Cruz, quien presidió la comisión cameral.
Cruz declaró no conocer al querellante que presentó la petición de investigación.
Durante su entrevista, expuso todos los alcances de la ley y de la manera que ésta dispone sobre el financiamiento de este ente legislativo.
Expresó, además, que le había señalado al presidente cameral sus inquietudes sobre el presupuesto y, posteriormente, fue relevado de sus funciones y reducido su presupuesto para gastos operacionales en su oficina legislativa.
No obstante, Cruz expresó, que entendía que ninguna acción de Hernández incluía elementos de naturaleza penal que ameritaran la radicación de cargos criminales.
Un comerciante de Moca también fue entrevistado y declaró que de su análisis al escuchar los reclamos de Cruz contra Hernández, entendía que el líder cameral no contaba con «la potestad en ley de utilizar fondos fuera de lo asignado por la Legislatura».
También se entrevistaron a funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el proceso de aprobación presupuestaria.
La Ley 83-1954, según enmendada, conocida como Ley de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, no incluye ninguna disposición que prescriba conducta legislativa respecto a sus infracciones.
«Ante tales fundamentos, se concluye por el Departamento de Justicia que el presidente Hernández no ha incurrido en conducta de naturaleza penal que amerite presentación de cargos criminales en su contra», cita la Resolución del Panel y adjudica finalmente acoger la misma sin trámite ulterior que no sea el archivo del asunto.
