San Juan, Puerto Rico (EFE) – El Departamento de Justicia informó este martes que acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la decisión de conceder el privilegio de sentencia suspendida a Carlos Julián Maldonado Dávila.
Maldonado Dávila, que era director de la Oficina de Turismo de Barceloneta, fue hallado culpable de atropellar mortalmente a la joven atleta Natalia Nicole Ayala Rivera en enero de 2022.
«Como habíamos adelantado, tan pronto el tribunal decidió suspender la sentencia de Carlos Julián Maldonado Dávila, referimos el caso para la evaluación de la Oficina del Procurador General», explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El secretario expresó su confianza en que, como resultado de este recurso, Maldonado Dávila «reciba la condena que merece tras haber sido declarado culpable de causarle la muerte a la joven Natalia Nicole Ayala Rivera».
«Nuestra total solidaridad con el joven sobreviviente Carlos Sosa Bigio y los familiares de ambas víctimas. Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia en asegurar que todo convicto de delito reciba la pena que le corresponde», concluyó.
Ayala Rivera resultó con heridas de gravedad debido al atropello y fue trasladada en condición crítica al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció poco después.
La joven se encontraba en la salida hacia el Expreso 22 debido a desperfectos en su vehículo cuando fue arrollada por Maldonado Dávila, quien abandonó la escena sin prestar ayuda ni dejar dato alguno.
Por su parte, Sosa Bigio, quien se había detenido para cambiar la goma del auto de Ayala Rivera, se convirtió en el principal testigo del caso.
Sobre el recurso presentado, el procurador general, Fernando Figueroa Santiago, explicó que contiene varios argumentos dirigidos a demostrar que el Tribunal de Primera Instancia actuó incorrectamente al suspender la totalidad de la sentencia.
«Uno de los argumentos que levantamos es que el contenido y recomendación consignado en un informe presentencia -aunque no es obligatorio para los jueces- es un hecho material importante, que no puede ser ignorado o descartado sin más y sin fundamento», detalló.
Por lo tanto, si un juez, dentro del ejercicio de su discreción, opta por apartarse de la recomendación consignada en el informe, debe proveer una explicación o fundamento que lo justifique.
«Bajo ningún concepto, el ejercicio de una facultad discrecional debe conllevar un acto caprichoso e infundado que fomente la arbitrariedad y deje a las partes sin una base para su cuestionamiento y revisión. Eso es, precisamente, lo que sucedió en el presente caso», abundó el procurador general.
