La coalición cuestionó al Departamento de Educación por autorizar la apertura de una escuela que no contaba con instalaciones para operar y exigió mayor fiscalización del modelo chárter
SAN JUAN, Puerto Rico
El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció presuntas irregularidades en el proceso que llevó a la aprobación de la escuela chárter LEAP STEAM + Forestry University School en Trujillo Alto y reiteró su llamado a establecer una moratoria en la creación y expansión de escuelas chárter en Puerto Rico.
La controversia surge luego de que trascendiera públicamente que la institución, autorizada por el Departamento de Educación para iniciar operaciones durante el año escolar 2026-2027, canceló su apertura debido a que no contaba con una infraestructura disponible para ofrecer servicios educativos a los estudiantes matriculados.
Ante esta situación, la coalición exigió al Departamento de Educación divulgar el contrato suscrito con LEAP Social Ent PR, Inc. y los nombres de los integrantes del comité evaluador que recomendó la aprobación de la escuela. Según sostuvo la presidenta de UNETE, Liza Fournier Córdova, resulta inaceptable que se haya otorgado autorización a una entidad que no había garantizado un requisito básico como disponer de un plantel escolar para recibir estudiantes.
El grupo también señaló que la corporación, con sede en Nueva Jersey y presidida por Gloria Bonilla Santiago, ha estado vinculada previamente a controversias relacionadas con retrasos en pagos de nómina a docentes y alegaciones sobre uso indebido de recursos escolares en otras escuelas chárter de Puerto Rico y Estados Unidos.
Por su parte, Jeffrey Rivera Sanabria, líder comunitario del residencial Luis Llorens Torres, afirmó que el caso evidencia la necesidad de revisar los procesos de evaluación, supervisión y fiscalización de las escuelas chárter. Además, expresó preocupación por la incertidumbre que enfrentan las familias que habían confiado en la apertura de la institución para la educación de sus hijos.
La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez Padilla, sostuvo que la situación confirma denuncias realizadas durante años sobre el impacto de la expansión de las escuelas chárter en el sistema público. Señaló que existen escuelas públicas disponibles con personal docente certificado y reclamó que los recursos del Departamento de Educación se destinen al fortalecimiento de esas instituciones.
Martínez Padilla también cuestionó el uso de instalaciones que anteriormente albergaron escuelas públicas cerradas por alegada falta de matrícula y denunció lo que describió como una contradicción en la política pública educativa. Asimismo, criticó las diferencias en los criterios aplicados a las escuelas públicas y a las escuelas chárter, particularmente en cuanto al tamaño de los grupos estudiantiles y la asignación de recursos.
La coalición reiteró su respaldo a la Resolución de la Cámara 70, que propone una moratoria en la creación y expansión de escuelas chárter en Puerto Rico, al considerar que el caso de LEAP demuestra la necesidad de evaluar el impacto de estos proyectos sobre el sistema público de enseñanza.
Además, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Educación Especial, reclamó que el gobierno priorice la inversión en las escuelas públicas y garantice los servicios educativos y relacionados que requieren los estudiantes, particularmente la población de educación especial.
El Junte Multisectorial expresó solidaridad con las familias afectadas por la cancelación de la apertura de la escuela y las exhortó a matricular a sus hijos en escuelas públicas de sus comunidades. La organización concluyó reiterando su llamado a fortalecer el sistema público de enseñanza y a destinar los recursos del Departamento de Educación a las necesidades de las comunidades escolares.
