La administradora Karla Mercado advirtió que la exclusión de entidades como la UPR del marco de la Ley 73-2019 ha provocado falta de controles, procesos discrecionales y ausencia
SAN JUAN, Puerto Rico (EFE) – La administradora y principal oficial de compras de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado, informó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) marcó deficiencias en la contratación de servicios profesionales y en entidades que no están bajo la jurisdicción de dicha agencia.
Entre esas identidades está la Universidad de Puerto Rico (UPR), de la que aunque, según dijo Mercado en un comunicado este viernes, mantenía su autonomía en sus adjudicaciones, eso no la eximía de cumplir con la Ley 73-2019, la cual promueve uniformidad en la contratación gubernamental.
«La UPR debía adoptar parámetros uniformes. Pero, bajo la pasada administración, la propia Junta avaló que quedaran fuera del marco regulatorio. Hoy vemos las consecuencias de excluir a una institución de ese alcance: ausencia de reglas claras, controles débiles y procesos a discreción», apuntilló.
«Los procesos regidos por la Ley 73-2019 han demostrado que cuando hay uniformidad, tecnología y control, el sistema funciona. No es competir por competir; es contratar dentro de un marco fiscalizable que elimine ambigüedades y responsabilidades difusas», agregó.
El hallazgo de la JSF lo dio a conocer hoy en su más reciente informe sobre los procesos competitivos del Gobierno de Puerto Rico, donde reconoce avances significativos en materia de tecnología aplicada a las subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.
Sobre los hallazgos relacionados a servicios profesionales, Mercado afirmó que el problema no es la falta de procesos competitivos, sino la falta de definición regulatoria.
«Competir sin marco normativo y sin el uso adecuado y bien implementado se la tecnología solo deja espacio para controversias. El verdadero control está en regular con claridad, uniformidad y supervisión», afirmó.
Finalmente, la funcionaria reiteró que la misma exigencia que recae sobre la ASG debe aplicarse a todas las entidades excluidas de su jurisdicción.
«Si queremos elevar los controles del gobierno, el rigor no puede ser selectivo. No puede haber dos estándares: uno para ASG y otro para el resto del país. La integridad de los procesos públicos exige uniformidad para todos», concluyó. de uniformidad
