Una carta revelada por Bonita Radio confirma que la Junta de Control Fiscal conocía posibles fallas en el proceso del contrato de gas con NFE, pero lo aprobó de todos modos
Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
El 31 de agosto de 2020, la entonces directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, le dijo mediante carta a la ingeniera Ingrid Vila y al director de finanzas del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Tom Sanzillo, que esa entidad revisó el contrato de gas metano firmado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con New Fortress en marzo de 2019 y, aunque detectaron que algunos trámites del RFP “podrían
La afirmación de Jaresko en 2020 es problemática para sostener la posición oficial de la Junta en 2025, según el director ejecutivo Robert Mujica, quien ha afirmado desde hace dos semanas que esa entidad no pasó juicio sobre el contrato de alquiler —otorgado por Anthony Maceira Zayas en 2018— para deslindarse de cualquier responsabilidad ante el conflicto de que New Fortress operaba las facilidades en propiedad del gobierno, las cuales utilizaría para vender el gas metano.
La semana pasada, Mujica dijo que la Junta “ha profundizado las preocupaciones relacionadas con los términos del contrato propuesto, la competencia del mercado, inconsistencias con la solicitud de propuestas (RFP, en inglés) y otra documentación, e inconsistencias con el plan fiscal de la AEE. Estas discusiones han generado más preguntas que respuestas”.
La Junta de Control Fiscal en 2019
Sin embargo, esas preocupaciones no estuvieron en el radar de la Junta que presidía el cuñado de Pedro Pierluisi, José Carrión III, y en la que participaban un expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo la administración de Luis Fortuño, y otro de la administración de 1986 de Rafael Hernández Colón, José Ramón González. Ambos también fueron ejecutivos del extinto Banco Santander, institución que fungió como agente fiscal y asesor financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus agencias.
“También concluimos que, aunque algunos aspectos del proceso de RFP podrían haber perjudicado la competencia, estas características eran razonables bajo las circunstancias y no teníamos conocimiento de ningún perjuicio al proceso de adquisición competitivo para las necesidades de este proyecto”, lee la misiva sin detallar cuáles eran “esos aspectos”.
La carta de Jaresko deja claro que esa Junta sabía dónde se haría el trasbordo de gas, pues el contrato que revisó y aprobó en febrero de 2019 aludía a las facilidades que utilizaría NFE en el puerto de San Juan como el “punto de entrega” del combustible. También incluía planos de la “propiedad del vendedor” y del “comprador” en la bahía de Puerto Nuevo.
La carta fue enviada a la ingeniera y al oficial de IEEFA en respuesta a una que ellos cursaron, tras descubrir —durante el examen de documentos que el entonces director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, no había querido hacer públicos— información preocupante.
De ese análisis, IEEFA produjo un informe en el que planteó el monopolio de NFE con el contrato de gas metano y sus preocupaciones por la información que se le habría dado al contratista sobre lo que planificaba el gobierno para gasificar las unidades 5 y 6 de San Juan y Costa Sur, respectivamente, antes de iniciar el procedimiento de RFP.
La carta de la Junta, por voz de Jaresko, parece desmentir la aseveración de su sucesor Mujica, cuando también establece que: “Nuestra revisión del contrato NFE se basó en cinco fuentes de información: (a) el propio contrato NFE propuesto; (b) los documentos de licitación RFP publicados por la AEE; (c) la documentación de evaluación RFP y selección desarrollada por la AEE; (d) ciertas cartas de la AEE en respuesta a preguntas de la Junta de Supervisión sobre el proceso de adquisición y el contrato; e información proporcionada durante reuniones en persona entre la AEE y el personal de la Junta de Supervisión”.
Los miembros de la Junta en 2020 —después de aprobarse PROMESA en 2016— eran Andrew G. Biggs, Carlos M. García, Arthur J. González, JR González, Ana J. Matosantos y David A. Skeel, Jr. La presidía Carrión III.
En esa misiva, la Junta también dejó claro que “a la luz del gran número de contratos que recibe, nuestra revisión se centró en los materiales expuestos anteriormente y no implicó una investigación a fondo de hechos o circunstancias que puedan haber ocurrido fuera de la vista del público”.
Asimismo, Jaresko despachó el tema de que NFE construyó las facilidades sin permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía con un: “Nuestro proceso de revisión de contratos no está diseñado para descubrir asuntos de permisos como este, y tales asuntos no forman parte de los criterios empleados para determinar la consistencia del contrato propuesto con el plan fiscal aplicable, de conformidad con PROMESA”.
La directora ejecutiva insistió en que: “A base de los hechos y materiales que se nos presentaron en febrero de 2019, la Junta de Supervisión concluyó que los términos de precios de combustible de los contratos de la NFE eran justos y consistentes con el plan fiscal de la AEE, a la luz de varias circunstancias relevantes, incluyendo la ausencia de disposiciones de take-or-pay y el caso de quiebra pendiente del Título III de la AEE”.
Sobre la información traída por IEEFA en cuanto a la ventaja competitiva que pudo haber tenido NFE por su acceso a datos internos de la AEE, la Junta dijo en 2020: “No tenemos conocimiento previo de estas alegaciones, ni tenemos conocimiento de ninguna información que las corrobore. Por lo tanto, en este momento no estamos dispuestos a rescindir la aprobación del contrato con NFE basándonos en las alegaciones infundadas que figuran en su informe. No obstante, evaluaremos cualquier hecho e información nuevos que puedan surgir en relación con el contrato”.
Concluyeron que “la Junta de Supervisión no tiene intención de iniciar o emprender una investigación en este momento, pero, en consonancia con nuestra práctica anterior, cooperaremos plenamente con cualquier investigación de las autoridades competentes”.
El Departamento de Justicia entonces era dirigido por Wanda Vázquez Garced, hasta que se convirtió en la gobernadora sucesoral por la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. Ni ella, ni sus sucesoras en el cargo, ni las autoridades federales activaron una pesquisa sobre los alegatos de IEEFA en su informe.
Bonita Radio intentó, desde el 17 de julio, obtener sin éxito una entrevista con el director ejecutivo Mujica. Ayer, su oficina de prensa contestó que “debido a contratiempos en la agenda del director ejecutivo” no estaría disponible para entrevista.
Refirieron las preguntas enviadas por este medio a los documentos producidos por Mujica desde que el 9 de julio escribió al «zar de energía», Josué Colón, y le indicó que tenía preocupaciones de monopolio sobre la contratación de venta de gas con NFE.
Otra carta, del 22 de julio, establece que el contrato de la APP de 2018 nunca pasó por la Junta, pero no hace referencia a la carta de Jaresko de 2020.
Más detalles en Bonita Radio por YouTube próximamente.
Documentos
Carta de Natalie Jaresko – 31 de agosto de 2020
