El juez dictó proceso por delincuencia organizada, pero desestimó prisión preventiva; la defensa alega falta de pruebas concluyentes
Hermosillo (México) (EFE) – El boxeador Julio César Chávez Jr. será llevado a juicio, en Hermosillo, capital del estado de Sonora (noroeste), por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, aunque su proceso lo continuará en libertad.
En una segunda audiencia realizada virtualmente, por temor a un atentado contra el púgil en su traslado desde el Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo, a la sede judicial, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas a Chávez Jr.
Además, dictó la medida de libertad bajo fianza, por lo que saldría inmediatamente de prisión.
La audiencia duró tres horas, tiempo en el que el púgil siguió el desarrollo desde un monitor, vistiendo la misma camisa polo con la que fue deportado desde Arizona (EE.UU.) hacia Nogales (Sonora), el pasado lunes 18 de agosto.
Asimismo, el juez de control concedió tres meses más para la investigación complementaria y fijó como fecha tentativa para la próxima audiencia el 24 de noviembre.
En su equipo de defensa, el hijo del legendario Julio César Chávez, tenía tres abogados y uno de ellos expuso que el Ministerio Público Federal, que formuló la imputación, presentó 21 pruebas de las cuales solamente en nueve se mencionaba al acusado.
El abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que “ninguna de las pruebas eran válidas para acreditar los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas”.
Incluso desestimó que existan evidencias de que su cliente esté ligado a la facción de La Chapiza u otra dentro del Cártel de Sinaloa, por lo que el acusado no tiene vínculo con actividades criminales.
“Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería, no hay una sola apreciación en donde nosotros hayamos visto, por lo menos el fiscal no nos la enseñó, donde hayamos visto que participó, que formó parte de una agrupación que está subordinado”, declaró Benítez a medios sobre su cliente.
La defensa enumeró las nueve evidencias que presentó el Ministerio Público Especializado en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y aseguró que eran “intervenciones telefónicas de personas que no están identificadas, pruebas sacadas de notas periodísticas y redes sociales, análisis de riesgo e informes de investigación criminal”.
Así como una bata de boxeo enmarcada y autografiada, que fue decomisada a Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’, exjefe de seguridad de la Chapiza, aunque se insistió que ninguna de estas eran pruebas concluyentes contra el boxeador.
Entre las nueve pruebas que la defensa trató de desestimar, destaca un informe del Homeland Security Investigations (HSI), donde dos personas identificadas con nombre y apellido señalan a Chávez Jr. como parte de una red de lavado de dinero relacionada con la familia de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
La defensa también mencionó que en la acusación del Ministerio Público Federal hay una investigación que la Administración de Control de Drogas (DEA) tiene sobre Chávez Jr., aunque sobre ello se respondió que no está relacionada con los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.
En las próximas horas, el ex campeón mundial de peso mediano abandonará el Cefereso 11. Sin embargo, su salida estará sujeta a una serie de medidas cautelares “muy estrictas”, que se seguirán “al pie de la letra”.
La detención de Chávez tuvo lugar el 2 de julio en Estados Unidos luego de que el boxeador perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante Jake Paul.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el púgil contaba con una orden de detención en México desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.
