El boxeador mexicano será deportado a México, donde tiene una orden de arresto por delincuencia organizada y tráfico de armas
Washington (EFE) – El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el arresto del conocido boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., al que acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, y confirmó que está preparando su deportación.
“Este afiliado del Cartel de Sinaloa, con una orden de arresto vigente por tráfico de armas, municiones y explosivos, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)», dijo la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, en un comunicado.
Chávez Jr., quien el fin de semana tuvo una pelea de alto nivel con el boxeador estadounidense Jake Paul en Los Ángeles (California), fue arrestado ayer miércoles en la ciudad de Studio City (California), reveló el DHS.
«Bajo la presidencia de Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado a un cartel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los carteles», agregó McLaughlin.
Según el comunicado de DHS, Chávez Jr. tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas.
«Se cree que Chávez también es afiliado al Cártel de Sinaloa», añade el texto. Esta entidad criminal ha sido designada como organización terrorista extranjera por la Administración del presidente Donald Trump.
El conocido boxeador entró legalmente a EE.UU. en agosto de 2023 con una visa de turista válida hasta febrero de 2024. Dos meses después del fin de su visado, Chávez Jr. solicitó la residencia permanente en el país.
«Su solicitud se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, vinculada al Cartel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo, ya fallecido, del conocido líder del cartel, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán», especificó el DHS.
En diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense lo declaró como «una grave amenaza para la seguridad pública», aunque se determinó luego que su caso no era prioritario.
Sin embargo, «luego de múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó que se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado el 27 de junio de 2025», refiere el comunicado.
