Por Miguel Díaz Román
San Juan (31 de octubre de 2020) – La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó realizar una investigación sobre que cuatro fondos de cobertura, conocidos como “hedge funds”, pudieron haber tenido acceso a información confidencial relacionada con las negociaciones de la deuda del gobierno.
Taylor Swain sostuvo que las alegaciones eran “sensacionalistas y altamente especulativas”, con lo que descartó de raíz los planteamientos de la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee.
A principios de octubre la entidad presentó una moción en la que solicitó una investigación independiente para que se determine si son legales la compraventa de bonos efectuadas por las firmas Aristeia Capital LLC, Whitebox Advisors LLC, Taconic Capital Advisors y Golden Tree Asses Management.
Según National, las cuatro entidades registraron un aumento en la adquisición de bonos locales, pues en enero del 2019 tenían $5,000 millones en bonos y en junio de 2020 ya tenían $7,700 millones en bonos.
De acuerdo con National, los cuatro fondos de cobertura pudieron obtener información confidencial para adquirir bonos a bajo precio y obtener sustanciales beneficios económicos tras un acuerdo de reestructuración.
Swain determinó que la Ley Promesa no le otorga al Tribunal el poder de iniciar una investigación independiente como solicitó National.
La jueza señaló que National no ofreció evidencia para sustentar sus alegaciones de que «algún participante en la mediación ha utilizado indebidamente información privilegiada en detrimento de las otras partes o del mercado de bonos o en detrimento de los procesos de Título III o mediación».
Swain también mencionó que las agencias reguladoras e investigativas están en mejor posición para investigar las imputaciones de National. La jueza hizo las expresiones durante una vista ayer relacionada con la reestructuración de la deuda.
El pasado miércoles la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) también descartó investigar el asunto.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que el Departamento de Justicia federal está mejor preparado que la JSF para determinar si se han violado las leyes federales y señaló que así también se evitará que el gobierno local, que provee los fondos de operación del organismo federal, pague por una investigación “potencialmente expansiva y costosa”.
Las expresiones de Jaresko figuran en una carta enviada el pasado martes al congresista demócrata, Raúl Grijalva, quien es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Grijalva le había solicitado a la JSF que efectuara una “investigación exhaustiva” sobre el presunto acceso de información confidencial por parte de los cuatro hedge funds.
